La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi (c), acompañda del secretario del gobierno catalán, Víctor Cullell (i), entre otros, a su llegada a la reunión semanal de la Generalitat, un día después de la Diada Nacional de Cataluña

Torra se lanza a competir con Sánchez a ser el más antifranquista

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La Generalitat aprueba un anteproyecto de ley que permitirá retirar simbología franquista del espacio público

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi (c), acompañda del secretario del gobierno catalán, Víctor Cullell (i), entre otros, a su llegada a la reunión semanal de la Generalitat, un día después de la Diada Nacional de Cataluña

Barcelona, 12 de septiembre de 2018 (14:45 CET)

El gobierno de Quim Torra no quiere quedarse atrás en la carrera antifranquista abierta por el gobierno de Pedro Sánchez a finales de agosto, cuando el consejo de ministros aprobó un decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Por eso, la Generalitat ha aprobado esta mañana en su reunión semanal de gobierno un anteporyecto de ley que facultará a la Generalitat para retirar la simbología franquista de las calles y plazas de Cataluña, así como para anular condecoraciones y suprimir el nombres de las calles en homenaje a personajes vinculados con las dictaduras y los crímenes de lesa humanidad, como dirigentes o militares golpistas.

Según el gobierno catalán, con la voluntad de "reconstruir" los hechos sucedidos durante la Guerra Civil y de "reparar los daños" que esta provocó, la memoria preliminar del anteproyecto prevé la creación de la Comisión de la Verdad, un organismo que estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad, informará a las víctimas y las asistirá en su derecho a la justicia.

Antifranquismo en las aulas

La Generalitat, además, pretende llevar a las aulas toda esta iniciativa incorporando a la memoria democrática al currículo educativo, así como la formación específica de los docentes en esta materia.

La futura ley armonizará el corpus legal existente y pretende dar respuesta a las demandas de la sociedad civil, al derecho de memoria de los ciudadanos y el deber de memoria de los estados. Así, se unificarán todas las normas aprobadas por el Parlament en materia de memoria democrática: la Ley del Memorial Democrático (2007), la Ley de fosas (2009) y la Ley de reparación jurídica (2017).

 

 

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