Los ayuntamientos llevan a las pymes al límite por las municipales
El presidente de la patronal catalana Pimec denuncia que los ayuntamientos “hacen política electoral a base de no pagar las facturas” a sus proveedores
Los ayuntamientos están alargando el plazo de pago a las empresas proveedoras. A seis meses de las elecciones municipales, han disparado la contratación hasta el punto de empeorar sus plazos de pago. Así lo constata Josep González, presidente de Pimec, la patronal de las pymes catalanas.
González advirtió este martes que “los ayuntamientos hacen política electoral a base de no pagar las facturas” a las empresas proveedores. Evitó mencionar casos concretos. Indicó que empeora su plazo de pago pese a los planes de financiación municipal adoptados desde la administración central.
El plazo medio de pago del sector público en España se situó en año pasado en 61 días, seis menos que en 2016, según datos de la Plataforma multisectorial contra la morosidad (PMCM) que preside Antoni Cañete, que también es el secretario general de Pimec. El plazo medio está muy lejos de los 30 días que fija la ley. Las elecciones municipales del próximo mayo empeorarán previsiblemente estos registros.
En los últimos cinco años, el sector público mejoró los pagos (de los 111 días de 2013 a los 65 de 2017) mientras que el privado se estancó (pasó durante este mismo periodo de 85 a 77).
El plazo medio de pago del sector privado se mantuvo en 2017 en 77 días, igual que un año antes, pese a que la ley establece un máximo de 60 días. En mayo pasado, el presidente de Pimec se mostró muy crítico contra las empresas del IBEX: pese a obtener más beneficios, siguieron pagando igual de mal, incluso peor que la administración pública.
Debate de la nueva ley de lucha contra la morosidad
Precisamente, este martes se debatió en ponencia en el Congreso de los Diputados la nueva ley de lucha contra la morosidad. Probablemente entrará en vigor durante el primer trimestre del próximo año. Es una iniciativa de la PMCM. Su principal novedad será un régimen sancionador para las empresas que no paguen a sus proveedores dentro del plazo legal establecido, que para el sector privado es de 60 días. La normativa se centra en el sector privado.
Las sanciones se fijarán en función de la demora, el importe y la reiteración. Las multas pueden alcanzar un máximo de 820.000 euros.
Otra novedad de la ley contra la morosidad entre empresas es la creación de un observatorio estatal que dependerá del ministerio de Hacienda. Se encargará de efectuar informes periódicos sobre las demoras en los pagos.
