El Consejo Profesional de TV3 condena las injerencias de Mediapro con sus piezas del ‘procés’

Los profesionales de la cadena lamentan la mala praxis de la productora con intentos de presión y el monto desorbitado por sus documentales

El Consejo Profesional de TV3 y el Comité de Empresa han alzado la voz para denunciar de nuevo injerencias en la televisión pública catalana. Esta vez se debe al intento de Mediapro, productora fundada por Jaume Roures, para presionar a la cadena autonómica para que emitiera ocho documentales sobre el procés antes de las elecciones por valor de 800.000€ (a 100.000€ el capítulo)

“Este importe es aproximadamente 20 veces superior al que TV3 paga por los derechos de antena de un documental. Y es incluso superior al que la CCMA tiene establecido como importe máximo a pagar a una productora cuando hace un documental en régimen de producción asociada”, denuncian en un comunicado.

Los profesionales de TV3 han explicado que el volumen de lo que supondría la inversión en esta serie de documentales de la productora de Jaume Roures equivaldría aproximadamente “al que la cadena invierte en documentales, en régimen de coproducción o producción asociada en todo un año”. 

Denuncian que Mediapro quisiera saltarse la norma

Pese a las quejas, recoconen que en los audios se escucha a Tatxo Benet reconociendo que la redacción de TV3 no quiere pagar el importe alegando “que no tiene dinero”. El propio directorha reconocido que la propia normativa de la cadena pública lo prohibe, y aseguran que “llegados a este punto, no debería haber ninguna subasta de remuneración fuera del margen de gasto que opera en TV3”. 

“La compra del documental está paralizada”, aunque llaman a estar alerta para que no “se reactive la adquisición a precios fuera de la norma. En estes entido, consideramos esencial el debate, el intercambio de opiniones y los posicionamientos que eventualmente pueda adoptar el Consejo de Redacción de Informativos, donde está representada la autoridad editorial de los Servicios Informativos y de sus programas. 

El Consejo también advierte de las nefastas consecuencias de mover el Sense Ficció durante cuatro semanas, por los “graves perjuicios” que sufriría la “marca referente” del documental catalán, “y la poca consideración por el trabajo del equipo que lo desarrolla”. 

Los profesionales rechazan el “desprecio” hacia su trabajo

“El trabajo editorial de los Servicios Informativos no se puede despreciar con la llegada en la parilla de productos cerrados que no siguen los protocolos de producción establecidos y que vienen acompañados de exigencias de calendario de programación. Esta manera de hacer evidencia también el enorme desprecio a la gran mayoría de productoras de Cataluña que siguen estrictamente los procesos normativos”, han explicado. 

Los periodistas, que han rechazado “la exposición a la luz pública de unas conversaciones supuestamente efectuadas y tuteladas por poderes del Estado que nada tenían que ver con la causa judicial que motivó las escuchas”, han pedido una reunión por los audios donde Pilar Rahola reconoce presiones de Waterloo a TV3 y donde a Vicent Sanchis “se lo harán pagar”. 

TV3 admitió que los estudaba

Sobre esta cuestión ya se había pronunciado la diputada del PSC, Beatriz Silva, a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach: “¿Cómo se justifica que en una situación de emergencia social se destinen recursos para emitir un tema que nuestros medios han cubierto ya desde todos los puntos de vista posibles?”.

Llorach renoció que TV3 tenía el documental sobre la mesa y que lo estaba estudiando. La presidenta en funciones reveló que la televisión pública aceptaría o rechazaría estos contenidos de la productora de Roures en función de lo adecuados que fuesen y a partir de “criterios de interés y programación”.

La oposición no fue la única en poner el grito en el cielo. Las productoras, agrupadas en Productors Audiovisuals Federats (PROA) pidieron “transparencia” a la televisión pública tras conocese que se estaba estudiando la compra de la polémica serie de ocho documentales. No criticaron el monto, que les parecía “justo”, sino el contraste con el cual se pagaba al resto de productoras y que generaba “un agravio comparativo insoportable”.