CSIF quiere que el Gobierno garantice una «financiación suficiente» para el mutualismo administrativo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende que "la calidad sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión"

Un momento de la manifestación convocada por CSIF en Madrid. EFE/ J.J.Guillen

Un momento de la manifestación convocada por CSIF en Madrid. EFE/ J.J.Guillen

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió este martes al Gobierno garantizar una «financiación suficiente» para el concierto sanitario del mutualismo administrativo. CSIF se reunió con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para conocer la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo encargado por el Gobierno.

Así, el sindicato informó de que la Airef dispone de un año para elaborar el documento solicitado por el Ejecutivo, pese a las «dificultades que está teniendo para recibir información precisa por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, entre otros agentes implicados».

En ese contexto, CSIF reclamó a las administraciones que «colaboren con la Airef» y exigió al Gobierno «máxima transparencia y rigor en la toma de decisiones cuando obtengan los resultados de este informe». Asimismo, confió en que el documento «arroje luz sobre las cuestiones que afectan al mutualismo administrativo y que venimos denunciando desde hace tiempo para que puedan ser mejoradas, pero que no sirvan como excusa para tomar decisiones erróneas sobre el futuro del mutualismo administrativo».

CSIF recordó que «en los años que lleva de vigencia el presente acuerdo» ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones «las distintas problemáticas a las que se ha debido hacer frente por la insuficiente financiación», como «recortes en los cuadros médicos, retirada de centros sanitaros completos del servicio a mutualistas y reducción de la atención sanitaria en zonas rurales», entre otros aspectos. En ese sentido, defendió que «la calidad sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión».

Advirtió de que el modelo «presta asistencia sanitaria a más de dos millones de personas y su desaparición supondría el colapso del Sistema Nacional de Salud». «El Gobierno no puede demorarlo más y tiene que garantizar la viabilidad del mutualismo administrativo», añadió tras reclamar que los Presupuestos Generales del Estado incluyan «una dotación económica incrementada para un nuevo concierto sanitario que pueda corregir los recortes producidos».

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