El Gobierno acusa a las CCAA de cebar el paro mientras les exige un severo ajuste fiscal

Educación, sanidad y dependencia son las principales partidas de gasto de las autonomías, cuyo margen de maniobra para cumplir el objetivo de déficit es casi nulo

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Paradójico cuando menos el discurso del Gobierno tras conocerse ayer el peor dato de paro en un mes de septiembre hasta donde alcanza la serie estadística. El Ministerio de Trabajo ha alegado que una de las razones que explica el mal dato mensual son los recortes en las plantillas en educación, sanidad, residencias de mayores y dependencia.

Estas son las principales partidas de gasto que gestionan las comunidades, que se ven obligadas a recortar por exigencia de un Ministerio de Economía asustado ante el fuerte desfase presupuestario acumulado en la primera mitad del año por los gobiernos regionales.

Y es que el margen de maniobra es ya casi nulo si se tienen en cuenta los ajustes ya realizados en muchas comunidades sobre otro tipo de gasto menos sensible y si se considera que el grueso de los presupuestos de una autonomía se destina a educación y sanidad, actividades muy intensivas en mano de obra. Es decir, el impacto en el empleo de los recortes en estas materias tan sensibles es evidente pero al mismo tiempo es el propio Gobierno el que impone acometerlos porque no hay otras partidas de donde ahorrar de forma significativa.

Políticas basadas en los recortes

El propio Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social afirmaba que “el rápido ajuste que se está produciendo en algunas Administraciones está perjudicando claramente el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos”, un mensaje muy parecido al que lanzó el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la conferencia política socialista, el pasado domingo, sabedor de que necesita marcar distancias con la política de mano dura y férreo control del déficit que está aplicando el gobierno en funciones de Zapatero.

“La geografía del reparto del ajuste en la afiliación de septiembre”, afirmó Granado, “recoge la pérdida de empleos en el sector educativo, sanitario y de las Administraciones públicas, producida por las comunidades autónomas”. Y añadió que por primera vez se inicie el curso escolar con menos profesores que el año anterior y que el sector público ha tomado el relevo de la construcción en ajustes de empleo.

Bajo la presión de mejorar el objetivo de déficit

Pero las cifras de la contabilidad nacional en lo que va de ejercicio dejan poco espacio para la política. La ejecución presupuestaria de las autonomías hasta el mes de junio habla bien a las claras de lo que se puede hacer.

En esos seis primeros meses el déficit alcanzado por este nivel administrativo fue del 1,2% del PIB, una décima menos de lo previsto para la totalidad del ejercicio y por eso es una misión casi imposible que en el segundo semestre esa cifra no se duplique. Si así fuera, daría al traste con el objetivo de déficit consolidado que se ha fijado y han fijado a España para el conjunto de 2011, el 6% del PIB.

Si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurrió en 2010, este año la administración central previsiblemente no mejorará su objetivo de déficit sobre lo previsto debido a la caída de los ingresos tributarios, no habría margen de maniobra para que la liquidación final del presupuesto de la administración del Estado compense la desviación que generen las comunidades autónomas. De hecho, ya han surgido varias voces advirtiendo que España no cumplirá el objetivo de déficit para este ejercicio, al igual que ha anunciado recientemente Gracia.

Economía Digital

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