El juez procesa a Ignacio González por cohecho en la investigación del caso Lezo
La causa investiga el cobro de comisiones irregulares de una empresa vinculada a su familia, a través de las adjudicaciones del Canal Isabel II
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para informar sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II. EFE/ Emilio Naran
Ignacio González está cada vez más cerca de sentarse en un banquillo. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido procesado por un presunto delito de cohecho en el marco de la investigación del caso Lezo. El juez le considera el artificie de una trama urbanística para garantizar que las adjudicaciones publicas de las instalaciones del Canal de Isabel II recayeran sobre una empresa vinculada a su familia.
El magistrado Manuel García-Castellón le ha puesto en el centro de la causa que investiga un supuesto amaño en los contratos públicos para construir y explotar el campo de golf levantado en las inmediaciones del canal, que entonces dirigía como número dos de Esperanza Aguirre. El juez calcula que pudo llegar a ganar con la maniobra más de 500.000 euros entre 2006 y 2012, según ha publicado El País.
La compañía familiar que está siendo investigada por beneficiarse de las adjudicaciones públicas se llama Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT). Sus tres socios principales son José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son hermano y cuñado del exdirigente del Partido Popular, respectivamente.
Los investigadores han detectado supuestas irregulares en dos concursos públicos vinculados con con las instalaciones deportivas. Uno de ellos se refiere a la concesión que obtuvo la constructora Dragados en 2003 para la consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la zona. González llegó presuntamente a un acuerdo con la compañía para subcontratar determinados trabajos a través de su empresa familiar, a pesar de que carecía de capacidad para ejecutarlos.
Como consecuencia, la compañía vinculada al político del Partido Popular terminó subcontratando de nuevo las obras a otras dos sociedades. El juez estima que esta estrategia le permitió embolsarse un beneficio de 381.000 euros gracias a los fondos públicos. Un total de 267.000 se repartieron supuestamente entre los tres socios procesados en la investigación mediante 49 entregas en efectivo.
El segundo contrato bajo la lupa es el relativo a la gestión y explotación del campo de golf y calca el modus operandi del anterior. De nuevo, la empresa TCT se hizo con los trabajos a través de una subcontratación por una cantidad anual de 9.875 euros, pero acabó delegando las funciones en otra compañía por 7.941. El resultado fue un supuesto beneficio de 124.000 euros simplemente por su intermediación.
La Fiscalía solicita 12 años de prisión para Ignacio González
El procesamiento judicial se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya manifestado para solicitar una pena de hasta 12 años de prisión contra González por diferentes líneas de investigación en esta macrocausa urbanística. Piden cuatro años de cárcel por la presunta adjudicación irregular del tren de Navalcarnero a OHL y otros ocho por el reparto de comisiones ilegales a través de la compra pública de la sociedad brasileña Emissao.
El escenario judicial de Ignacio González se antoja complicado porque el expresidente de Madrid también está imputado por el caso Púnica que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la comunidad autónoma. El que fuera número dos de Esperanza Aguirre está investigado desde febrero de 2018 cuando su antiguo compañero, Francisco Granados, le señaló con el dedo como uno de los responsables de la trama.
