Una asociación de fiscales recurre ante el Supremo la renovación de García Ortiz como fiscal general

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado que emprendió el pasado mes de diciembre el Gobierno. A ojos de los fiscales, no es idóneo para el cargo y, además, su nombramiento va en contra de la legislación vigente.

«No es idóneo para desempeñar, conforma a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas, la jefatura de todos los fiscales de España», enfatiza la asociación mediante un comunicado. Para respaldar esta afirmación, han hecho alusión a las actuaciones acometidas desde que fue elegido para ocupar el puesto en 2022.

Una de las iniciativas mencionadas por los fiscales es la anulación de los nombramientos de Fiscales de Sala por desviación de poder. En este punto, han puesto como ejemplo a la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado García.

También recuerdan que, después de que el Ejecutivo acordase su renovación en el puesto, García Ortiz optó por «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de elaborar el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de la ley de amnistía.

Una renovación contraria a la ley

Los fiscales han hecho alusión al artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se concreta que el candidato a fiscal general ha de ser jurista de reconocido prestigio.

A pesar de que reconocen que se trata de una condición en la que podría haber «concurrido» García Ortiz, inciden en que «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento».

Tras enfatizar que la Fiscalía es una institución esencial dentro del Poder Judicial, la asociación ha destacado que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo».

De esta manera, la postura expresada por los fiscales se sitúa en la línea de la manifestada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se opuso a finales del año pasado por primera vez a la continuidad de García Ortiz como fiscal general del Estado, con ocho votos a favor y siete en contra.

Si bien la opinión del organismo judicial no era vinculante, por lo que el Gobierno pudo proseguir con la renovación, dejó bien claro que consideraba que el candidato no era idóneo y votó en contra de su renovación.