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Guía para no perderse en la docena de casos de corrupción que asedian a Sánchez
El partido socialista y su máximo dirigente están rodeados por casos de corrupción y acoso
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El Gobierno de Pedro Sánchez vive sus horas más bajas, sitiado por corrupción y denuncias de acoso en el partido; ya son una docena los casos que orbitan alrededor del presidente socialista.
El sábado, Alberto Núñez Feijóo exigió elecciones para que España pueda tener un Gobierno «decente». En un mítin celebrado en Navalmoral de la Mata (Cáceres), el líder nacional del Partido Popular acusó a Pedro Sánchez de «encubrir a una manada de machistas y corruptos» en el seno del PSOE.
El domingo Sánchez admitió errores, pero avisó que no tiene intención de dar un paso atrás. «Habremos cometido errores, como todos», dijo el Presidente en un mítin en Cáceres, con motivo de las próximas elecciones en Extremadura el domingo 21 de diciembre. A pesar de todo, «merece la pena gobernar», afirmó.
Caso Sepi
La trama que se desarrolla en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido la última en saltar. Esta semana, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la SEPI, principal accionista de Telefónica, Indra y Red Eléctrica.
Todo se desarrolla en el marco de la operación de la Unidad Central Operativa (UCO), tras las detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, que quedan en libertad el sábado.
Durante las intervenciones se llevan a cabo registros en varias empresas públicas salpicadas por la trama. Se realizan 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza.
Entre las sedes a las que acuden los agentes están las de ENUSA y la SEPI, así como la de otra empresa pública, Mercasa. Los agentes también van a las sedes en Madrid y Zaragoza de Forestalia, una sociedad dedicada a las energías renovables y con vínculos con Servinabar, y de Correos.
Caso Mascarillas
Durante la pandemia de COVID‑19, varias administraciones públicas adjudicaron contratos de emergencia para la compra de mascarillas y material sanitario.
Algunas de estas operaciones, vinculadas al exministro José Luís Ábalos, al empresario Victor de Aldama y su asesor Koldo García, levantaron sospechas por los elevados márgenes de beneficio y la falta de controles habituales.
Por ello, Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado. La decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar a juicio a Ábalos permitirá al Tribunal Supremo juzgarle por las presuntas irregularidades en Transportes en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El instructor acordó el procesamiento al considerar que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama «se concertaron» para aprovechar la condición del ministro y su «influencia» para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia«.
De cara al juicio por la presunta trama de mascarillas, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama.
Caso Koldo
El llamado “caso Koldo” gira en torno a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y una presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos, especialmente relacionados con material sanitario.
Tiene origen en la investigación, llamada Operación Delorme, realizada por la Fiscalía y la Guardia Civil a Koldo, y otras diez personas más, por estar implicados en una presunta trama de mordidas.
La trama también salpica a diversos ministerios como el de Transportes, Sanidad e Interior y los gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y Canarias, gobernados en aquel periodo por socialistas.
La investigación judicial apunta a un entramado de intermediarios, empresas y responsables políticos que habrían aprovechado su posición para influir en adjudicaciones.
Caso Cerdán
El informe que presenta la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán alumbra un extenso documento policial elaborado en junio de 2025 en el marco de la investigación del caso Ábalos.
En el se señala al entonces secretario de Organización del PSOE y diputado en el Congreso por Navarra como una pieza clave en la presunta trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones ilegales vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
El ser considerado como el cerebro de la trama le ha llevado a estar 142 dias en prisión como medida cautelar para evitar la posible destrucción de pruebas.
Caso Hidrocarburos
Este caso investiga un presunto fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos mediante empresas pantalla y facturación falsa.
En nuevo informe de la UCO, un documento de 182 páginas enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga una trama de hidrocarburos que dirigían presuntamente Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas.
Los investigadores concluyen que esta “organización criminal” llegó a “destinar” un millón de euros a “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y otros cargos públicos.
Para ello, según recalcan los agentes, usaron una serie de presuntas empresas instrumentales y lograron “permear” en las “estructuras de la Administración” con “el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”.
Caso Leire Díez y Pérez Dolset
Este caso se refiere a las conexiones entre Leire Díez, militante socialista, y el empresario Javier Pérez Dolset, implicado en diversas causas judiciales. Presuntamente su intención principal era buscar «trapos sucios» de la UCO, para presionar sobre las investigaciones en curso sobre exdirigentes socialistas.
La Fiscalía le atribuye un “plan delictivo” y coordinado con el empresario Pérez-Dolset para “anular” y “malbaratar” investigaciones que “afectan a políticos y empresarios”, por lo que un juzgado de Madrid los mantiene imputados por delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Caso Begoña Gómez
El juez centró sus actuaciones en unas cartas de recomendación que Begoña Gómez había firmado como directora de un máster en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés (que también formaba parte del máster) para participar en unos concursos públicos.
Barrabés obtuvo contratos por valor de 12 millones de euros de la empresa pública Red.es, un dinero que provenía de los fondos europeos. El juez considera que podría haber un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por lo que decidió imputar a la esposa del presidente.
El juzgado investiga posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Caso hermano Sánchez
La investigación judicial ha quedado concluida por la magistrada Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz, y el juicio está previsto que comience el 28 de mayo.
En el proceso se sentarán en el banquillo David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas extremeñas previstas para este mes de diciembre.
Según el auto judicial, la jueza considera que el puesto de Coordinador de las Actividades del Conservatorio de la Diputación de Badajoz, obtenido por David Sánchez en junio de 2017, no respondió a un proceso selectivo justo y transparente.
La magistrada sostiene que la plaza habría sido diseñada de forma irregular y que el procedimiento se llevó a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad exigidos en el acceso al empleo público.
El auto añade que se habría hecho uso de la influencia política del entonces secretario general del PSOE en el ámbito de la Diputación para obtener un beneficio particular.
Caso Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dio un giro a la investigación sobre Plus Ultra el jueves 11 de diciembre con el registro de la sede de la aerolínea en Madrid y la detención de varios de sus altos cargos.
Entre los arrestados se encuentran Julio Martínez y Roberto Roselli, directivos de la compañía, así como otro empresario del mismo nombre –que fue cliente de una empresa vinculada a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero– y un abogado español.
La operación permanecía bajo secreto de sumario desde que la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a comienzos de año en un juzgado madrileño.
El Ministerio Público investiga el destino de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del fondo de rescate a empresas estratégicas.
Según la Fiscalía, existen indicios de que estos fondos públicos no se destinaron a garantizar la viabilidad de la aerolínea, sino que habrían servido para blanquear capitales procedentes de Venezuela.
Caso pagos en metálico sede PSOE
La investigación, aún en una fase inicial, no cuenta por el momento con personas imputadas, pero abre una nueva línea de análisis sobre la financiación interna del PSOE.
El instructor del caso es Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional y también responsable del caso Koldo, quien ha solicitado al partido información detallada sobre los pagos en metálico reintegrados a los miembros de la Comisión Ejecutiva entre los años 2017 y 2024.
La petición judicial se produce tras las declaraciones prestadas el pasado mes de octubre por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y por una trabajadora de la sede de Ferraz.
Según las diligencias, al magistrado no le cuadraba el sistema de compensación de gastos, que implicaba la existencia de dinero en efectivo en la caja del partido, ni el nivel de control aplicado sobre los justificantes presentados por el área de Organización, entonces dirigida por José Luis Ábalos.
El juez sospecha que este sistema pudo haber sido utilizado para canalizar o blanquear fondos procedentes de la presunta trama investigada.
Caso Internacional Socialista
El caso de la Internacional Socialista se sustenta en una denuncia formal y pública presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México contra la organización, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno y presidente de la Internacional Socialista desde 2022.
En una carta dirigida al Presidium y a los partidos miembros, el PRI sostiene que, lejos de iniciar una etapa de renovación, la dirección de Sánchez ha convertido a la Internacional Socialista en una estructura opaca, unilateral, ineficiente y antidemocrática, alejándola de sus principios fundacionales de pluralidad, consenso y solidaridad .
El documento denuncia un uso autoritario del poder interno, señalando que la presidencia habría instrumentalizado el Comité de Ética para intimidar, sancionar y silenciar a partidos críticos.
Entre los episodios más graves, el PRI destaca la expulsión sin explicaciones de la secretaria general electa Benedicta Lasi, presuntamente por cuestionar la gestión de los recursos económicos de la organización, así como sanciones arbitrarias impuestas a partidos miembros sin respaldo estatutario.
Casos de acoso
El goteo de casos de acoso en el partido socialista deja de momento seis frentes abiertos. Todo comienza el pasado 5 de julio, la misma mañana del Comité Federal estalla el primer escándalo. Es el que abre la herida más profunda, el caso de Paco Salazar. ‘El diario.es’ destapa presuntos abusos hacia sus subordinadas en el partido y en Moncloa.
Esta misma semana, su número dos, Antonio Hernández ha sido cesado por encubrirlo. A este se suma un caso similar, el de Antonio Navarro, en Torremolinos, en Málaga, y el del presidente de la diputación de Lugo, José Tomé.
El jueves dimitió Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva socialista. Podría tener relación con otra denuncia por parte de una mujer. En las últimas horas ha dimitido también Francisco Luis Fernández, acalde de Belalcázar, en Córdoba.
