La fusión Indra-Escribano pierde fuelle con la Sepi bloqueada y Sánchez acorralado por la corrupción
La fusión planteada de Indra, controlada por la Sepi, con la empresa de su presidente, Ángel Escribano, suma cada vez más frentes en contra.
El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos (i), y el presidente ejecutivo de IndraGroup, Ángel Escribano (d), durante la presentación de IndraMind en la sede de INDRA, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España).
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Un día antes de que los agentes de la Guardia Civil, de la UCO, se personaran, el jueves, en la sede de la Sepi en Madrid, por la investigación de presuntas contrataciones públicas corruptas, el consejo de administración de Indra se reunió para valorar el proyecto de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa perteneciente a los hermanos Ángel y Javier Escribano, uno presidente de Indra, otro de EM&E.
La reunión del consejo del grupo español, el miércoles, tuvo lugar sin la asistencia de Ángel Escribano y de su hermano Javier, consejero también de Indra, quienes poseen el 14% del capital, principales accionistas tras la Sepi, con el 28%.
Los hermanos Escribano tuvieron a bien ausentarse de la reunión, dado el evidente conflicto de interés que suscita la fusión proyectada entre Indra y su compañía familiar, valorada entre los 1.000 y los 2.000 millones de euros.
Pasadas las siete de la tarde del miércoles, Indra comunicó a la CNMV que los consejeros reunidos habían acordado «por unanimidad» que dicha «potencial operación» es «coherente con la estrategia» de la compañía.
Para llegar a esa conclusión, los consejeros tuvieron acceso a informes elaborados por el equipo directivo de Indra y también por los asesores contratados para ello.
El comunicado del miércoles por la tarde de Indra fue interpretado por muchos como la culminación prácticamente de la operación, dado que todos los consejeros presentes en la reunión la consideraron «coherente».
Pero, en realidad, en la actualidad, cualquier proyecto de fusión de Indra con una compañía de defensa, nacional o internacional, sería ‘coherente’ con la estrategia del grupo, encaminada a ganar peso y participar en el medio plazo en una concentración del sector a nivel europeo.
Han pasado ya casi ocho meses desde que Indra admitió ante la CNMV que estudiaba la viabilidad de fusionarse con EM&E. Y el pasado mes de octubre, Javier Escribano declaró que preveía que la operación, una «fusión», insistió, se haría antes de fin de año.
Por mucha gran banca de inversión extranjera –Goldman Sachs, Morgan Stanley-, también Santander, o prestigiosos despachos y consultoras que hayan sido contratadas por Indra y EM&E para justificar la fusión, difícilmente pasaría esta los filtros de competencia y regulatorios en otros mercados desarrollados.
La fusión pierde fuelle
Con la Sepi bloqueada tras la entrada de la Guardia Civil en su sede y el Gobierno de Pedro Sánchez acorralado por los casos de corrupción, la fusión de Indra y la empresa de los Escribano pierde fuelle.
De acuerdo a fuentes conocedoras de la reunión del miércoles, los consejeros acordaron que, para aprobar o no la fusión, sería conveniente aguardar a la presentación de los resultados auditados de las empresas involucradas.
Indra, la compañía del Ibex que más se ha revalorizado este año, publica sus resultados anuales auditados a finales del mes de febrero. Pero la auditoría del ejercicio 2024 de EM&E la firmó EY el 25 de junio de 2025.
Si realmente los consejeros de Indra van a esperar a tener sobre la mesa las cuentas auditadas para pronunciarse sobre la fusión con EM&E, la decisión no se tomará antes del próximo mes de julio.
Y todo apunta a que los próximos meses serán un calvario judicial y político para la Sepi y el Gobierno de Pedro Sánchez.
El escándalo de los presuntos contratos corruptos que hubiera firmado la Sepi, con el expresidente del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda en prisión; la detención del presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, rescatada por Sepi, por supuesto blanqueo de capitales; las sospechas que sobrevuelan sobre los rescates públicos también de Air Europa y Duro Felguera…
La posición del PP respecto a la fusión planteada de Indra con EM&E es una incógnita
El caso Cerdán, los casos de las mascarillas, el exministro José Luis Ábalos en Soto del Real, el caso Koldo… Todo ello incidirá en la fusión de Indra con Escribano, siendo esta una operación política dirigida por el Gobierno a través de la Sepi.
En este sentido, la posición del PP sobre la fusión de Indra con EM&E es una incógnita.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se ha opuesto sistemáticamente a cualquier propuesta del Gobierno del PSOE. Pero sobre la mayor operación planteada en la industria de la defensa española, el principal partido de la oposición no se ha pronunciado, y tan solo ha requerido explicaciones sobre las contrataciones públicas con Indra, Navantia y Airbus.
Miguel Sebastián, consejero de Indra, en una imagen de archivo.
Los votos de los miembros del consejo de administración de Indra sobre la fusión proyectada con la empresa de los Escribano serán observados con lupa, en particular los de los independientes. Así como las consideraciones de los consejeros que representan a la Sepi –Miguel Sebastián, Juan Moscoso y Antonio Cuevas, los tres con fuertes vínculos con el PSOE-.
¿Qué dirá Miguel Sebastián? El exministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, ex alto cargo en Banco de España, también de BBVA -se opuso a la opa del banco presidido por Carlos Torres sobre Sabadell-, profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense, se juega su prestigio.
Por mucho que represente los intereses de la Sepi, a Sebastián, que gana 144.000 euros al año como consejero de Indra, puesto que ocupa desde 2019, no se le escapa que la fusión con EM&E es un cantazo.
El presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, con el 7% de Indra a través de su sociedad de inversión, Amber Capital, ha expresado públicamente su apoyo a la polémica fusión. También el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.
Solo la familia Aperribay, dueños de la empresa vasca de armamento Sapa, con el 8% de Indra, habría mostrado reticencias.
Indra, CNMV y los 8X8
También será sometido a escrutinio el papel del regulador del mercado.
La CNMV investigó durante seis meses en 2022 una posible concertación entre accionistas de Indra, ante el incremento de la participación de la Sepi en la multinacional española.
En junio de 2022, en Junta de Accionistas, Joseph Oughourlian propuso el cese de consejeros independientes que recelaban del aumento de la participación de la Sepi.
En diciembre de aquel año la CNMV concluyó que no hubo concertación, como denunciaron los consejeros independientes cesados, pero subrayó que la operación se había llevado a cabo fuera de «los estándares de una sociedad cotizada«.
Ahora el organismo presidido por Carlos Sanbasilio tendrá que pronunciarse de nuevo sobre si no existe concertación entre accionistas para aprobar la fusión de Indra con EM&E, o si no se trata de una operación que efectivamente comporta un conflicto de interés que la hace inviable.
Al desprestigio de la Sepi, a la debilidad del Gobierno de Sánchez, a los casos de corrupción, a lo comprometido que resulta la operación para reguladores y consejeros, se suma la crisis de los carros de combate 8X8 y al distanciamiento con el Ministerio de Defensa.
La ministra Margarita Robles firmó hace más de cinco años un contrato multimillonario para la fabricación de 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8X8 Dragón, con una duración de diez años, con el consorcio Tess Defence, liderado por Indra e integrado por Sapa, EM&E y General Dynamics.
El pasado mes octubre, en una visita a Indra, la ministra Robles trasnsmitió «su preocupación» a Ángel Escribano por los retrasos en las entregas acordadas de los 8X8.
La fusión de Indra con EM&E pierde fuelle, con cada vez más frentes en contra. Pero los miles de millones de euros que en los últimos meses se han adjudicado Indra y la empresa de los Escribano en contratos públicos presionan fuertemente para que la operación se convierta en algo inevitable pasando por alto que una compañía bajo control público vaya a comprar la empresa del presidente, designado por el Gobierno.
