La abogada general del TJUE avala vetar a Huawei de las redes de Telefónica, Orange y Vodafone
La abogada concluye que los Estados no podrán regirse por una "sospecha general", sino mediante análisis específicos
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Nuevo revés a las tecnológicas chinas en la Unión Europea. La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, ha avalado que los Estados miembro veten a proveedores considerados «de alto riesgo» como Huawei de las redes de las telecos europeas como Telefónica, Orange o Vodafone.
Cápeta ha emitido sus conclusiones sobre el caso de Elisa Eesti AS, un proveedor de telecomunicaciones estonio que pidió en 2022 a las autoridades del país la autorización para poder usar equipos y programas informáticos de Huawi en sus redes 2G, 4G y 5G.
Las autoridades estonias competentes consideraron entonces que los equipos y programas informáticos suponían un riesgo para la seguridad nacional de Estonia debido al carácter «de alto riesgo» de Huawei.
La teleco estonio ha impugnado el fallo ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin, que ha planteado una petición de decisión prejudicial.
En sus conclusiones, la abogada general propone al TJUE que declare que los Estados miembros pueden, en principio, excluir los equipos y programas informáticos de su infraestructura de telecomunicaciones basándose en que el fabricante de dichos equipos supone un riesgo para su seguridad nacional.
El veto a Huawei no puede estar basado en una «sospecha general»
No obstante, Cápeta también destaca que cualquier decisión adoptada por motivos de seguridad nacional debe estar sujeta a control judicial, incluso en lo que respecta a su proporcionalidad.
En esta línea, explica que, si bien la evaluación del riesgo respecto de los fabricantes de equipos de terceros países puede ser distinta de la de los fabricantes de la Unión Europea de los mismos equipos, dicha decisión no puede basarse en una sospecha general.
Por el contrario, debe implicar una evaluación específica del uso de los equipos previstos y de los riesgos asociados.
La abogada subraya también que las normas pertinentes del Derecho de la Unión, concretamente el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, establecen específicamente determinados requisitos de seguridad para las redes y servicios nacionales de telecomunicaciones.
Es por ello que, en virtud de esos requisitos, convergen los intereses de seguridad de la Unión Europea y los nacionales, según el argumentario de la abogada.
En esa situación, las autoridades nacionales competentes pueden basarse en las evaluaciones de riesgos realizadas por las instituciones de la UE y otros organismos nacionales y de la propia UE.
Por último, la Abogada General señala que una limitación del uso de equipos y programas informáticos debido al riesgo que presentan para la seguridad de los Estados miembros no constituye una privación de propiedad, sino una limitación del uso de esos bienes.
En un supuesto de esta índole, una empresa no tiene derecho, en principio, a una indemnización, a menos que el órgano jurisdiccional nacional considere que la carga derivada de ese tipo de limitación es desproporcionadamente grave, aunque sea necesaria.
La propuesta de Bruselas, un coste de 21.500 millones para las telecos
Esta decisión se da un contexto de endurecimiento de Bruselas hacia los proveedores asiáticos como Huawei y ZTE.
A finales de enero, la Comisión Europea publicó su propuesta para la nueva Ley de Ciberseguridad, prohibiendo a este tipo de compañías tecnológicas su presencia en infraestructuras y tecnologías críticas y obligando a los países a cumplir con este veto en un plazo de tres años desde que se apruebe.
El propio borrador de la norma señala que el coste para los operadores de telecomunicaciones podría situarse entre los 3.400 y 4.300 millones de euros al año durante un plazo de cinco años, lo que supone un coste para el conjunto de las telecos europeas de entre 17.000 millones y 21.500 millones de euros.
La ley no se centra únicamente en el 5G, sino que se enfoca en varias tecnologías como los coches autónomos, el software de las placas solares, la nube, la red móvil, la red fija y los servicios por satélite.
En cualquier caso, tanto la norma de ciberseguridad como la de redes digitales tienen que pasar por el Parlamento y el Consejo Europeo. Una vez aprobada, Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom y el resto de operadoras tendrán 36 meses (tres años) para eliminar a proveedores como Huawei y reemplazarlos.
