La Generalitat persigue el fraude en las residencias de ancianos
El Govern avisa de que los 600 abuelos que no pagan y tienen recursos pueden perder la plaza
La Generalitat de Catalunya ha aprobado un protocolo de actuación para reclamar las deudas pendientes a unos 600 ancianos que ocupan plazas en una residencia pública. La consejería de Benestar Social i Familia, liderada por Neus Munté, asegura que su comportamiento es un “agravio respecto al resto de usuarios y perjudica la sostenibilidad del sistema”.
Recuerda que existen ayudas públicas para quienes no tengan capacidad económica suficiente para pagar la factura de la residencia. “Se pueden tramitar en cualquier momento del año siempre que hayan agotado todas las alternativas a su alcance”, declaran fuentes del departamento a Europa Press.
Acuerdo con las patronales
El protocolo autorizado surge del acuerdo de Munté con las patronales del sector en noviembre de 2013. El pacto busca restablecer el equilibrio económico de los centros y “recuperar el principio de trato entre iguales en relación con las obligaciones de los beneficiarios”.
Quienes no paguen, podrán llegar perder la plaza en el centro público. Esta será la última opción que plantea la Generalitat. Antes, la residencia tiene que presentar un informe socioeconómico del usuario y detallar la deuda pendiente, para descartar completamente que los ancianos que no tengan recursos sean expulsados.
Pago fraccionado
El Govern permitirá abonar la deuda de forma fraccionada a través de un “acuerdo voluntario entre las partes”. Aún no se ha detallado si se aplicará alguna penalización o recargo a los afectados que se acojan a esta forma de reembolso.
