La ONU dicta que España «violó los derechos políticos» de los encausados en el ‘procés’
La organización da la razón a los políticos independentistas que alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Los doce condenados, nueve de ellos en prisión. En primera fila, de izquierda a derecha, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras. EFE/Emilio Naranjo
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el procés antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.
El fallo da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
De igual manera, Junqueras, ha presentado una demanda contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para anular la sentencia del procés. Junto a los antiguos consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, Junqueras acusa al Estado de llevar a cabo una “persecución” política contra el independentismo.
Los letrados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, acompañados de los exconsejeros, expuso al Col·legi de Periodistes de Catalunya los supuestos agravios de la justicia española y han insistido en que existe en todo el procedimiento «un prejuicio» que lo «contamina». Van den Eynde ha asegurado que los tres dirigentes han vivido «indefensión» durante todo el proceso y ha asegurado que «se ha tergiversado todo el derecho para perseguir, no hechos delictivos, sino personas»
