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Alta médica polémica en Correos: un cartero con muleta asegura que no puede trabajar
El empleado se encarga de la distribución de cartas y paquetes en moto en turno de tarde en la unidad de reparto de Correos en Manresa
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Nueva polémica en Correos. Un trabajador de la oficina de la compañía postal pública en Manresa, que tiene que utilizar una muleta para caminar y está pendiente de realizarse una operación para la que ya ha llevado a cabo el preoperatorio, se ha visto obligado a volver a su puesto de trabajo después de recibir el alta del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) tras estar durante más de un año de baja.
Concretamente, según recoge el diario Regió 7, el empleado está pendiente de una operación de tíbia y peroné y ocupa el puesto de agente de clasificación y reparto, por lo que se encargaba de la distribución de cartas y paquetes en moto en turno de tarde en la unidad de reparto de Correos en Manresa.
Estupefacción entre los trabajadores
La noticia ha sido recibida con estupefacción por parte del empleado, pero también de sus responsables en la sucursal del servicio de paquetería y mensajería, quienes tampoco entienden porqué ha vuelto a trabajar a pesar de estar inválido. El trabajador ha asegurado que se han solidarizado con él y le han dado trabajo de oficina, al poderse desplazar únicamente con muletas.
Desde recursos humanos, le han propuesto que coja los días de vacaciones pendientes al tomar en consideración los riesgos que entraña que una persona en su situación trabaje. El empleado, que trabaja en la compañía presidida por Pedro Saura desde hace más de diez años, está lesionado desde que se cayó un día al salir de casa.
El empleado, que trabaja en la compañía presidida por Pedro Saura desde hace más de diez años, está lesionado desde que se cayó un día al salir de casa
Como consecuencia, según recoge El Periódico, se produjo una fractura trimaleolar, una lesión que afecta al tobillo, se origina por rotación externa y desemboca en una fractura del maléolo externo, una fractura del maléolo interno y una fractura marginal posterior de la tibia.
Pendiente de una nueva operación
La caída tuvo lugar a comienzos del año pasado e hizo imprescindible operarlo para colocarle trece tornillos y dos placas en el tobillo. Desde entonces, ha realizado cerca de 120 sesiones de rehabilitación. Sin embargo, en su última visita al centro médico consideraron que no le estaba aportando ninguna mejora y que sería necesario llevar a cabo una segunda operación.
La previsión es que la operación se pueda efectuar pronto, por lo que el empleado ya ha llevado a cabo el preoperatorio y tiene todo preparado para cuando tenga que desplazarse al hospital. Cuando hace unos días el trabajador recibió la notificación, pensó que era una cita para llevar los últimos informes médicos, pero ha lamentado que le han dado el alta sin ningún tipo de revisión.
Desde CGT Correos Bages-Berguedà, han calificado de «inadmisible» la reincorporación del empleado a su puesto de trabajo, dado que aún no se encuentra en las condiciones físicas óptimas para desempeñar sus funciones «con seguridad y dignidad laboral».
Descontento entre los empleados de Correos
Otro de los sindicatos que ha trasladado su descontento a Correos es CCOO que viene denunciando que la compañía postal pública «está incumpliendo todos los acuerdos laborales firmados», lo que habría supuesto un recorte de costes y una reducción de la plantilla.
El sindicato, que dio una tregua a la empresa postal pública al inicio del mandato de Pedro Saura como presidente tras años batallando contra la anterior directiva, ha vuelto en los últimos meses a amenazar con nueva movilizaciones en la empresa.
CCOO señaló que la vuelta a beneficios de la empresa el año pasado se debe al recorte de gastos, la reducción de la plantilla y una mayor financiación pública por parte del Estado. «Aunque se trata de un resultado positivo desde el punto de vista contable, no responde a una recuperación real de la actividad económica de la empresa», puntualizó.
También atribuyó el resultado a la reducción de la inversión y la venta de inmuebles por hasta 50 millones de euros, así como a los más de 2.000 puestos de trabajos que asegura que se han perdido y que supondrían un ahorro de 70 millones de euros anuales.
