Correos alerta de un posible colapso en verano por la regularización de inmigrantes prevista desde abril

Los funcionarios de Correos temen un posible colapso en verano por la intención del Gobierno de regularizar de golpe a miles de inmigrantes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la necesidad de reforzar las plantillas en todos los niveles afectados de la Administración cuando empiece el proceso de regularización de inmigrantes, que se aprobará definitivamente en los próximos días.

El texto se encuentra actualmente en el Consejo de Estado y estaba previsto que entrara en vigor el próximo miércoles 1 de abril y que ese mismo día se empezara el proceso hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, los funcionarios afectados temen que la gestión se retrase y, en consecuencia, las oficinas se colapsen de cara al verano ante la falta de personal suficiente para llevar a cabo las labores pertinentes.

Posible colapso en Correos

El Ministerio de Seguridad Social explicó que las solicitudes se empezarían a presentar a principios de abril, «una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto» , pero es poco probable que se cumplan los plazos y que el trámite empiece la próxima semana. El Gobierno elevó el texto a audiencia pública el pasado mes de enero y todavía están con los trámites para su aprobación.

Aparte de las oficinas de Correos, también se verán afectados otros sectores de la Administración, como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la Seguridad Social, la Oficinas de Extranjería y las solicitudes telemáticas.

Sin embargo, según ha explicado CSIF, el grueso de las solicitudes presenciales se tramitarán en las oficinas de Correos, aunque destacan que «todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad, ni se ha informado a los trabajadores sobre procedimiento y condiciones».

A priori, también se realizarán en delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y en algunas oficinas de la Seguridad Social, aunque solamente habrá 1 por provincia, a excepción de las grandes ciudades como Madrid, que tendrá 3, y Barcelona, que abrirá 2. Además, la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes. Aún no se ha confirmado, pero en principio serán solamente 10 oficinas.

Por lo tanto, los funcionarios de Correos serán los que se ocupen principalmente de la tramitación de los expedientes, sin que se haya anunciado el refuerzo de las plantillas. «El Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes y aún no nos han aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones», indica CSIF en su comunicado.

Oficina correos España — Oficina de Correos

La Seguridad Social reclutará a voluntarios

Ante esta situación, según ha desvelado El Mundo, Correos espera que se firme un convenio especial para determinar como se llevará a cabo todo el trabajo y si se pondrán mesas especiales. En paralelo, la Seguridad Social ha concretado que se realizará por las tardes y que los funcionarios podrán apuntarse voluntariamente.

«En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores), ha explicado CSIF.

El proceso cuenta con dos fases. La primera consiste en la recogida de documentación y la gestión de solicitudes y, por lo tanto, la que más trabajo acarreará. En este caso, el personal se encargará de recoger y escanear la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto.

Posteriormente, se procederá a la segunda fase, la de análisis de la documentación y autorización para quienes cumplen los requisitos y que se llevará a cabo íntegramente en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que tiene sede Vigo. Ahora bien, estaría también sobre la mesa externalizarlo.

En este contexto, CSIF ha subrayado que «Política Territorial se rechaza la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario» y, además, ha exigido «el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración»