Multan a profesores y sindicatos con 8.000 euros por las protestas de la huelga educativa en Valencia
La CADPV ha lamentado que «se trata de sanciones por haber ejercido públicamente y de manera pacífica nuestros derechos de reunión, manifestación y huelga»
Acción reivindicativa del profesorado de la educación pública valenciana. Europa Press
La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha señalado que hasta el momento se han notificado trece sanciones administrativas con motivo de las movilizaciones por la pasada huelga en defensa de la educación pública valenciana, once a profesores y otras dos a uno de los sindicatos convocantes, por una cuantía global que asciende a 8.000 euros.
La Coordinadora, que ha criticado «la represión» que está sufriendo el profesorado que ha participado en estas movilizaciones contra «los continuos ataques y las políticas impulsadas por la Consejería de Educación y el Gobierno valenciano», ha indicado que la totalidad de estas multas «se sitúan en el contexto de la huelga: en concentraciones previamente convocadas o en piquetes informativos». Ante esta situación, ha manifestado todo su apoyo a todas las personas sancionadas y ha informado de que los sindicatos convocantes han puesto sus servicios jurídicos a su disposición en «una muestra necesaria de solidaridad y de acompañamiento».
La entidad ha asegurado que «se trata de sanciones por haber ejercido públicamente y de manera pacífica nuestros derechos de reunión, manifestación y huelga». Y ha lamentado: «El Gobierno valenciano, por lo tanto, ante nuestras reivindicaciones, no solo ha demostrado una absoluta falta de voluntad negociadora y una clara intención de dificultar gravemente el ejercicio efectivo de la huelga a través de la imposición de unos servicios mínimos abusivos, sino que ahora, además, se beneficia, con un silencio cómplice, de la acción represiva ejercida contra las personas que han participado en las movilizaciones».
Por otro lado, la CADPV ha denunciado que «mientras se sanciona a quien protesta, la Generalitat ha ampliado los mecanismos de vigilancia, control y censura». Así, ha apuntado que «a través de una reforma, introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que modifica el Decreto 80/2017, quiere controlar sobre qué se puede opinar, hablar y debatir en las aulas». Sobre esto último, ha reprochado que «no es solo una agresión contra el profesorado, es una forma de maltrato a la educación pública y toda la comunidad educativa, así como un secuestro de su capacidad transformadora y emancipadora».
Asesoramiento jurídico
La CADPV ha anunciado que «continuarán recaudando fondos a través de la caja de resistencia, con el objetivo de poder hacer frente a las consecuencias económicas de estas sanciones en caso de que los recursos presentados no prosperen y finalmente haya que abonarlos». Así, ha recordado que cualquier docente que reciba una sanción por estas movilizaciones «se puede poner en contacto con la Coordinadora o con las organizaciones sindicales que han estado al lado del profesorado durante esta huelga, para recibir asesoramiento jurídico y apoyo colectivo».

«Pedimos que nadie afronte individualmente una sanción derivada de una lucha que hemos construido entre todas y todos. Antes de tomar cualquier decisión sobre el pago o la sanción es fundamental ponerse en contacto con los servicios jurídicos correspondientes y seguir las indicaciones. Las reivindicaciones que nos han traído a las calles continúan vigentes, y las sanciones no harán desaparecer ni los problemas de la educación pública ni nuestra voluntad de defenderla porque tenemos una convicción compartida, la rabia ante la injusticia, la dignidad de quien no se resigna y la fuerza de todo un colectivo que anda con fuerza y experiencia en la misma dirección», ha subrayado la CADPV.
«El curso que viene no empezará de cero, sino con todo aquello que hemos aprendido y construido y no permitiremos que nos exijan normalidad y silencio mientras continúan profundizando en los mismos agravios que nos han obligado a movilizarnos», ha concluido la Coordinadora.