El Supremo tumba el decreto con el que Diana Morant quería limitar a las universidades privadas

Varapalo para Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que quería poner freno a la creación y desarrollo de las universidades privadas. El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno por falta de justificación para su tramitación urgente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.

El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación «no está debidamente justificado». «Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido», apunta.

El real decreto, aprobado el 7 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, modificaba cuatro reglamentos: el de creación y autorización de universidades y centros universitarios, el del Registro de Universidades, Centros y Títulos, el de expedición de títulos universitarios oficiales y el de organización de las enseñanzas universitarias. La sentencia anula el decreto entero.

Entre las novedades que introducía figuraba que la memoria para crear o reconocer una universidad previera superar los 4.500 estudiantes matriculados a los seis años del inicio de su actividad. También obligaba a las universidades, públicas y privadas, a comprometerse a disponer de alojamiento estudiantil equivalente al 10 % de las plazas previstas para el cuarto año de funcionamiento (el quinto, si se preveían dobles titulaciones). Esa capacidad debía estar operativa al inicio del tercer año de actividad. Las universidades con modelo docente virtual quedaban excluidas del requisito del alojamiento.

Lo que se expresó en la nota de prensa tras la Consejo de Ministros que aprobó este decreto fue: «Diana Morant ha agradecido a todas las instituciones que han participado en el proceso de tramitación, y muy especialmente a la comunidad universitaria, y a los rectores y rectoras de las universidades, tanto públicas como privadas, que desde el principio han compartido con nosotros la preocupación por la calidad del sistema y la necesidad de esta reforma».

El motivo por el que Tribunal Supremo ha tumbado el decreto de Diana Morant es por haber omitido el trámite de consulta previa, lo que supone poner de manifiesto justo lo contrario de lo que la ministra valenciana de Universidades aseveró en la nota de prensa del 7 de octubre.