Botella denunciará a las concesionarias de basura ante Fiscalía
Da un plazo de 48 horas para que cumplan con los servicios mínimos
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, denunciará a las concesionarias de los servicios de limpieza ante la Fiscalía si no llegan a un acuerdo con los trabajadores en 48 horas. Botella exige a las empresas OHL, Sacyr y FCC el cumplimiento de los servicios mínimos para evitar la denuncia.
La alcaldesa ha autorizado al delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, para que utilice los servicios mínimos sean garantizados por la empresa pública Tragsa. Los trabajadores aseguraron el miércoles a última hora que no sabotearán la huelga de limpieza.
Las empresas se reunirán este jueves con los sindicatos en un hotel de Madrid para negociar las condiciones laborales. Los trabajadores aseguran que los recortes los condenarían a ganar el 43% menos de su sueldo actual y la mitad de lo que gana un barrendero en Barcelona.
Además las empresas tienen previsto el despido de 1.200 barrenderos y jardineros.
Negociación apresurada
Las empresas se reunirán este jueves con los sindicatos en un hotel de Madrid para negociar las condiciones laborales. Los trabajadores aseguran que los recortes los condenarían a ganar la mitad de lo que percibe un barrendero en Barcelona.
Además las empresas tienen previsto el despido de 1.200 operarios. Las tres concesionarias han desmentido este miércoles que intenten rebajar a la mitad el sueldo a los trabajadores. En un comunicado conjunto, Sacyr, OHL y FCC aseguran que han planteado como recorte máximo el 20% del salario. Según las empresas, un conductor con 15 años de antigüedad recibe 26.000 euros anuales.
Los sindicatos le han rebatido y aseguran que la empresa pretende recortar otros beneficios y, junto con el aumento de la jornada laboral, representa una pérdida económica del 43%.
Amenaza de juicio
En medio de la tensión creciente, el sindicato Comisiones Obreras amenazó a la alcaldesa a llevarla a juicio si recurre a la empresa municipal para limpiar las calles de Madrid. Los sindicalistas aseguran que la acción supondría un golpe contra el derecho de huelga de los barrenderos.
