El Parlament encarga al Govern un «informe exhaustivo y detallado» de la privatización de ATLL
Junts pel Sí apoya una moción presentada por Ciudadanos que insta al ejecutivo de Puigdemont a revelar las circunstancias que rodearon al concurso en 2012
El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una moción en la que insta al Govern a elaborar y presentar un «informe exhaustivo y detallado» sobre las circunstancias que rodearon la adjudicación de la concesión de Aguas Ter Llobregat (ATLL), que ganó un consorcio liderado por Acciona.
La moción, presentada por Ciudadanos (C’s), se ha aprobado por unanimidad, incluido el apoyo de Junts pel sí (JxSí), que este miércoles se quedó solo votando en contra de la admisión a trámite de una proposición de ley que plantea revertir la privatización de ATLL.
Días después de que Acciona firmara la adjudicación de la gestión de ATLL, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que revisa los contratos públicos, advirtió de posibles irregularidades en la concesión y sugirió que Acciona debería haber sido excluida del concurso por haber presentado una oferta que no se ajustaba a las condiciones fijadas.
Todos los detalles
La diputada de C’s Marina Bravo, en la presentación de la moción, ha denunciado que la concesión «se hizo mal», estuvo plagada de «irregularidades» y representó una «chapuza jurídica». El informe solicitado al gobierno catalán deberá incluir «los detalles de las circunstancias en que se produjo la firma del contrato» investigado por el OARCC.
También deberá analizar el escenario «en caso de que la resolución final del Tribunal Supremo obligase a rescindir el contrato firmado y la estimación del importe que se tendría que abonar a la empresa adjudicataria».
Pendiente de Antifraude
Asimismo, tendrá que analizar el escenario «en caso de que se confirmasen las conclusiones» de la Oficina Antifraude, sobre la posibilidad de que se pueda rescindir el contrato por incumplimiento por parte del adjudicatario de las cláusulas del contrato.
Deberá incluir, además, un análisis jurídico de la conveniencia de que el Govern se persone «en los procesos judiciales que puedan abrirse si se detecta alguna actividad delictiva a raíz de las irregularidades» constatadas por la Oficina Antifraude.
