La auditoría revela que ATLL está al borde de la disolución
La sociedad presentó unos resultados de 2015 con beneficios, pero Deloitte advierte de una situación de fondos negativos que hipoteca el futuro de la concesionaria controlada por Acciona
ATLL Concesionària de la Generalitat de Catalunya SA, sociedad controlada por Acciona que gestiona el agua del área metropolitana de Barcelona, está al borde del precipicio. Esta es la advertencia de la auditoría que analiza las cuentas de la empresa de 2015, a causa de una situación de liquidez negativa.
La concesionaria cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 150,8 millones, un 4,7% más que en 2014. El resultado neto se mantuvo estable, en 20,5 millones (un 0,2% más). Sin embargo, no todo es de color de rosa. El informe de la empresa auditora, Deloitte, pone el énfasis en dos aspectos que generan «dudas significativas» sobre la continuidad de la compañía, como puede verse en este enlace.
Una de estas salvedades es el proceso judicial en el que se encuentra inmersa la concesión, mientras que la otra es de carácter contable y revela un desequilibrio grave en las cuentas de la concesionaria.
Fondo negativo
El auditor de ATLL advierte de que «el balance muestra un fondo de maniobra negativo», a causa de vencimientos de préstamos a corto plazo. Concretamente, a un crédito de 97,6 millones que vence en agosto y cuya refinanciación se está negociando.
La auditora advierte que el futuro de ATLL depende del éxito de este proceso de refinanciación con la banca. Mientras tanto, esta incertidumbre «puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento», apunta el informe de Deloitte.
El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. Una situación negativa indica dificultades de liquidez, ya que la empresa no tiene recursos para atender sus obligaciones inmediatas, lo que puede ser causa de disolución de una sociedad.
La concesión, en el aire
La otra salvedad, evidente, es el futuro de la concesión. La privatización se llevó a cabo en 2012 y el consorcio que compitió con Acciona y BTG Pactual, encabezado por Agbar, recurrió la decisión. En ese momento se inició un conflicto en los juzgados, con el Govern de Artur Mas tomando partido a favor de Acciona, que terminó con un sentencia del TSJC que dictaba la revocación del concurso.
Esa sentencia se recurrió al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Además, mientras tanto el Govern ha cambiado de color, y la privatización del agua no era del gusto de la CUP, por lo que podría volver a manos públicas, aunque la reciente ruptura entre Puigdemont y los antisistema puede llevar al ejecutivo a replantearse el asunto.
En cualquier caso, la auditoría subraya que los administradores de ATLL confían en una sentencia favorable a sus intereses, y en caso contrario, «estiman que la Generalitat de Catalunya debería indemnizar a la sociedad o a sus accionistas por todos los daños y perjuicios causados».
