El Supremo obliga a Iberdrola y Endesa a asumir el coste íntegro de las prejubilaciones de la central de Garoña
Las eléctricas pretendían que el Estado costeara 1,8 millones de euros del plan de prejubilaciones derivado del ERE
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ex CEO de Endesa, José Bogas
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El Tribunal Supremo ha cortado de raíz las aspiraciones de Nuclenor —la sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa— de atribuir a las arcas públicas una parte de los costes sociolaborales derivados del cese de la central nuclear de Santa María de Garoña. En una reciente sentencia, el Alto Tribunal ha rechazado el recurso de casación de la sociedad y la obliga a asumir el coste íntegro, sin subvenciones, del plan de prejubilaciones derivado del ERE.
El conflicto se remonta a 2019, cuando el Ministerio de Trabajo denegó a Nuclenor una ayuda extraordinaria solicitada al amparo del Real Decreto 908/2013.
La corporación participada por Iberdrola y Endesa pretendía que el Estado financiara el 40% del coste del «plan de rentas» (un seguro colectivo de prejubilación) diseñado para 35 trabajadores mayores de 55 años. El montante en disputa ascendía a casi 1,85 millones de euros de un total de 3,8 millones.
Tras un primer varapalo en la Audiencia Nacional en 2024, las energéticas decidieron quemar su último cartucho en el Supremo, argumentando que la normativa de ayudas no exigía de forma explícita que una empresa tuviera que ser legalmente insolvente para recibir estos fondos de concesión directa.
El Supremo tumba el argumento de la insolvencia técnica de Iberdrola y Endesa
Si bien el Supremo reconoce que, formalmente, el Real Decreto no impone la obligación de declarar un estado legal de insolvencia, matiza que el espíritu de estas subvenciones excepcionales es paliar situaciones de «urgencia y necesidad socio-laboral».
El tribunal argumenta que, dado que el fin último es proteger a los empleados y no subvencionar los costes operativos de corporaciones capaces de asumirlos, es imprescindible acreditar que la situación económica de la empresa le impide cumplir con sus compromisos laborales.
En el caso de Garoña, los trabajadores nunca estuvieron desamparados, puesto que Nuclenor, sostenida por el músculo financiero de Iberdrola y Endesa, las dos mayores eléctricas del país, ya había contratado y garantizado la póliza del seguro colectivo.
Frente a la queja de Nuclenor de que se la penalizaba por ser una «empresa cumplidora» y diligente con sus empleados, el Alto Tribunal recuerda que la concesión de estas ayudas es una facultad potestativa del Ministerio y no un derecho automático.
Es por ello que, al confirmarse que las compañías eléctricas disponían de solvencia de sobra para hacerse cargo del pacto, no existía justificación para el auxilio público. Además, el Supremo impone a cada parte sus propias costas procesales.
El origen del conflicto: un ERE de 227 empleados firmado en 2017
El destino de la planta burgalesa quedó sellado en el verano de 2017 con la orden ministerial de cierre definitivo. Pocas semanas después, en septiembre de aquel año, la dirección de Nuclenor y el Comité de Empresa alcanzaron un preacuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectaba a la totalidad de los 227 trabajadores de la plantilla.
Aquel ERE se saldó con un referéndum en el que el 68% de los empleados refrendó las condiciones económicas pactadas. El diseño laboral de salida contemplaba tres vías: la recolocación de unos 65 trabajadores en otros centros de trabajo de Iberdrola y Endesa, la permanencia de cerca de 120 operarios en las complejas fases de predesmantelamiento de la central, y la prejubilación de la treintena de trabajadores mayores de 55 años que ahora ha centrado la pugna judicial.
Fue precisamente ese «colchón financiero» de las prejubilaciones el que Nuclenor intentó sufragar parcialmente con el dinero de los contribuyentes. Al cerrarse la vía judicial, Iberdrola y Endesa tendrán que encajar definitivamente el impacto de los 1,8 millones de euros en sus balances, asumiendo que los costes derivados del apagón nuclear deben correr a cargo de sus propios beneficios empresariales.
El desmantelamiento de Garoña avanza, mientras el CSN decide sobre Almaraz
Paralelamente, las labores de desmantelamiento de la central nuclear burgalesa siguen su curso. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha confirmado el «adecuado desarrollo» de las actividades de la primera fase de desmantelamiento de la instalación.
Durante el último año, el organismo regulador ha llevado a cabo un total de 14 inspecciones técnicas en Garoña, evaluando áreas críticas como la gestión de residuos radiactivos de media y baja actividad, la preparación ante emergencias y la protección radiológica.
Según los datos presentados por la jefa de proyecto del CSN, María Teresa Sánchez Hernando, todos los indicadores de funcionamiento de la central se mantuvieron en el rango «verde», la categoría más favorable de la escala cromática de seguridad, y los dos únicos incidentes menores registrados se clasificaron en el nivel 0 de la Escala Internacional INES.
El principal reto técnico actual radica en el vaciado de la piscina de combustible gastado. El técnico del área de Instalaciones Nucleares del CSN, Ángel Camacho, detalló que el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña ya alberga 21 contenedores cargados del modelo ENUN 52B, acelerando el ritmo respecto a los 13 con los que se cerró el año anterior.
Con una capacidad autorizada de hasta 60 contenedores, el objetivo fijado por el regulador y Nuclenor es completar el vaciado total de la piscina de combustible durante el primer trimestre de 2028, certificando la clausura definitiva de la planta más veterana del parque nuclear español.
Más allá de Garoña, el debate sobre el cierre nuclear en España está más vivo que nunca. La próxima central que tiene previsto su cierre es la de Almaraz, si bien sus propietarias ya han solicitado formalmente una ampliación de la vida útil de sus reactores.
Se espera que en las próximas semanas el CSN emita su dictamen técnico sobre la viabilidad de la prórroga de las instalaciones de la central extremeña. Las propietarias confían en que este será positivo, dejando el balón entonces en el tejado del Gobierno, que deberá decidir finalmente sobre su futuro.
