El Estado acumula una deuda de 330 millones con Enagás por el fallido proyecto Castor
La gasista está pendiente de que concluya la fase de ejecución de la sentencia del Supremo para cobrar la deuda
El Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, durante una rueda de prensa para presentar los resultados anuales. Foto: Marta Fernández / Europa Press
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El fantasma del proyecto Castor continúa proyectando su sombra sobre las cuentas del sistema energético español más de una década después de su paralización. El Estado acumula ya una deuda de casi 330 millones de euros con Enagás a corto y largo plazo por las labores de operación y mantenimiento, así como por el sellado y el desmantelamiento de la planta gasista.
El fallido almacén subterráneo de gas natural situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), concebido en su día por el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, para reforzar la seguridad de suministro del país, mantiene una costosa factura pendiente que va elevándose con el paso de los meses.
El grueso del importe a corto plazo se deriva de la sentencia judicial que emitió el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre de 2025, donde estimaba su derecho al cobro de las cuantías destinadas a la conservación del yacimiento.
Un fallo que resolvió años de incertidumbre jurídica después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2017 el mecanismo de retribución diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que pretendía cargar sobre la tarifa del gas el coste de la hibernación de la planta.
Enagás, pendiente de la ejecución de la sentencia
Según refleja el último informe financiero semestral remitido por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cotizada que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri contabiliza estos saldos pendientes en dos bloques diferenciados dentro de sus estados contables.
Por un lado, figura una cuenta a cobrar a corto plazo por importe de 129,3 millones de euros (125 millones a cierre de 2025), correspondiente a las tareas de operación y mantenimiento de la infraestructura que la empresa prestó durante años.
La compañía reconoce que actualmente está pendiente de concluir la fase de ejecución de la sentencia del Supremo, estimándose su cobro en un plazo inferior a 12 meses.
Por otro, se registra un derecho de cobro a largo plazo de 200,018 millones de euros (129,67 millones a cierre de 2025) ligado a los trabajos de sellado definitivo de los pozos y los intereses financieros asociados.
La tarea de sellado y desmantelamiento es un encargo de extrema complejidad técnica que el Ministerio para la Transición Ecológica transfirió también al operador del sistema gasista.
Enagás señala que ha ido ejecutando paulatinamente la clausura de los pozos y el desmontaje de los equipos técnicos para asegurar el abandono definitivo del área sin impacto sísmico ni fugas de hidrocarburos.
El desastre de Castor
La historia del Castor es la de uno de los grandes proyectos truncados de la ingeniería de infraestructuras en España. Diseñado para aprovechar un antiguo yacimiento petrolífero agotado bajo el fondo marino, la inyección del denominado «gas colchón» en septiembre de 2013 desencadenó cientos de microterremotos en los municipios costeros del norte de Castellón y el sur de Tarragona.
La alarma social y los informes técnicos elaborados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmaron la reactivación inducida de fallas tectónicas, obligando al Gobierno a decretar la paralización inmediata y definitiva del proyecto.
Tras la renuncia a la concesión por parte de Escal UGS —sociedad participada mayoritariamente por la constructora presidida por Florentino Pérez—, el Estado indemnizó a la promotora con 1.350,7 millones de euros en 2014.
Paralelamente, aprobó un marco regulatorio de urgencia que obligó a Enagás a asumir la tutela, administración y mantenimiento del recinto marino para evitar riesgos medioambientales.
Sin embargo, el posterior varapalo del Constitucional en 2017 dejó en un limbo regulatorio y financiero las retribuciones que correspondían a Enagás, participada en un 5% por el Estado a través de la Sepi.
Aunque la compañía continuó su trabajo técnico en las plataformas marinas para garantizar la seguridad de la zona, los pagos por parte del sistema gasista quedaron suspendidos, obligando a la cotizada a iniciar una larga batalla en los tribunales para recuperar la liquidez comprometida.
Enagás reordena sus activos
El impacto del expediente Castor sobre el balance de Enagás se produce en un ejercicio en el que la compañía continúa reordenando sus activos estratégicos a nivel internacional.
En la primera mitad del ejercicio 2026, la gasista ha registrado un beneficio neto de 127 millones de euros y mantiene un volumen de compromisos de inversión que supera los 760 millones de euros, marcado por el acuerdo para la compra del 31,5% del operador francés Teréga por 573 millones.
Asimismo, Enagás ha alcanzado un acuerdo para adquirir a Osaka Gas su participación del 20% en Saggas, la planta de regasificación situada en el puerto de Sagunto, por 31 millones de euros.
Una operación que permitirá al gestor gasista elevar su participación hasta el el 92,5% en esta infraestructura estratégica, mientras que OQ, filial de Oman Oil Holdings, conservará el 7,5% restante.
Al mismo tiempo, Enagás acelera su hoja de ruta en el despliegue del hidrógeno verde, habiendo solicitado formalmente las autorizaciones administrativas para los primeros cuatro tramos de la Red Troncal Española y el desarrollo del corredor transfronterizo H2med.
Con todo, la resolución definitiva del cobro de la deuda del Castor se perfila como un elemento determinante para aportar certidumbre al flujo de caja de la compañía y cerrar, de forma definitiva, una de las facturas regulatorias más complejas de la historia reciente del sector energético español.
