Iberdrola, Telefónica, ACS, Ferrovial y Arcelor recuperan más de 1.300 millones en ayudas fiscales de Hacienda
El Ibex saca partido a la histórica sentencia europea en favor de las deducciones fiscales por compras de empresas en el extranjero
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Las grandes empresas del Ibex 35 están comenzando a hacer caja tras la histórica sentencia europea que les da derecho a recuperar ayudas fiscales en su día devueltas a Hacienda. Empresas como Iberdrola, Telefónica, Ferrovial, ACS o ArcelorMittal están recuperando, o tienen reconocido el derecho a recuperar, más de 1.300 millones de euros tras el giro provocado sobre las ayudas fiscales vinculadas a la compra de empresas en el extranjero.
El conflicto tiene su origen en una medida aprobada durante el Gobierno de José María Aznar que permitió a las empresas españolas amortizar fiscalmente el denominado fondo de comercio financiero generado en adquisiciones internacionales.
En la práctica, las compañías podían deducirse parte de ese sobreprecio pagado al comprar sociedades extranjeras, reduciendo así su factura en el Impuesto sobre Sociedades.
Sin embargo, años después la Comisión Europea concluyó que ese régimen constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior para determinadas operaciones intracomunitarias.
Bruselas ordenó a España recuperar esas ventajas fiscales y la Agencia Tributaria inició procedimientos millonarios contra algunas de las mayores cotizadas del país, reclamando devoluciones que afectaban a operaciones realizadas desde mediados de la década de los 2000.
El litigio dio un vuelco en septiembre de 2023, cuando el Tribunal General de la Unión Europea anuló la denominada Tercera Decisión de la Comisión Europea. Pero la sentencia definitiva llegó el 26 de junio de 2025, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó esa anulación y concluyó que Bruselas no podía exigir la devolución de esas deducciones en los términos en los que lo había hecho.
El alto tribunal europeo entendió, entre otros aspectos, que se habían vulnerado los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y protección de los beneficiarios. Desde entonces, la cascada de resoluciones favorables a las empresas españolas no ha dejado de crecer.
Iberdrola reconoce el derecho de cobro de 790 millones y Telefónica 461 millones
La mayor beneficiada es Iberdrola. La eléctrica ha reconocido en sus estados financieros un derecho de cobro de 790 millones de euros (con intereses) tras las resoluciones judiciales favorables relacionadas con la adquisición de la energética británica Scottish Power.
Se trata de una de las mayores devoluciones tributarias derivadas de este conflicto y refleja el impacto que tuvo la interpretación de la Comisión Europea sobre algunas de las grandes operaciones corporativas realizadas por empresas españolas durante la expansión internacional de principios de siglo.
A esa caso se suma otra grande del Ibex 35 como Telefónica. La teleco que preside Marc Murtra ha logrado una sentencia favorable de la Audiencia Nacional que anula las liquidaciones practicadas por la Agencia Tributaria correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2005 y 2015 y le reconoce el derecho a recuperar las cantidades indebidamente ingresadas.
La compañía ha contabilizado ya en sus cuentas del primer semestre de 2026 un derecho de cobro de 461 millones de euros, registrado como Hacienda Pública deudora, tras la sentencia dictada el pasado 28 de mayo.
Además, ha reconocido un impacto positivo de 127 millones en el resultado del primer semestre gracias a la reversión de parte de la carga fiscal asociada a este litigio.
La resolución todavía no es firme, aunque Telefónica considera que la única cuestión susceptible de recurso por parte de la Administración afecta al cálculo de los intereses de demora, no al fondo del asunto.
El caso de Telefónica hunde sus raíces en algunas de las mayores adquisiciones internacionales realizadas por la compañía, entre ellas la compra de O2 en Reino Unido y la adquisición de Vivo en Brasil.
Al igual que ocurrió con otras multinacionales españolas, Hacienda exigió la devolución de las deducciones aplicadas por la amortización del fondo de comercio derivado de esas operaciones.
Ferrovial, ACS, ArcelorMittal y Axa
Ferrovial también ha empezado a recoger el efecto de este cambio de criterio. En sus resultados semestrales reconoce un impacto favorable de 53 millones de euros, de los que 45 millones corresponden a la devolución principal y otros ocho millones a intereses de demora, elevando todavía más la factura que el Estado deberá asumir tras la derrota judicial.
La lista de beneficiadas se amplía también a multinacionales del sector acerero como ArcelorMittal. Su filial española obtuvo en febrero una sentencia favorable de la Audiencia Nacional por la que recuperará 10,9 millones de euros, más los intereses correspondientes.
En este caso, la propia Abogacía del Estado optó por allanarse una vez conocida la doctrina fijada por el TJUE, admitiendo en la práctica que la liquidación ya no podía sostenerse jurídicamente.
Ese cambio de posición de la Administración marcó un punto de inflexión. Hasta entonces Hacienda había defendido sistemáticamente las liquidaciones practicadas contra las empresas afectadas.
Tras el fallo europeo, comenzó a aceptar en determinados procedimientos que las deducciones correspondientes a adquisiciones anteriores al 21 de diciembre de 2007 quedaban protegidas por el principio de confianza legítima.
No todos los casos, sin embargo, se resolvieron mediante allanamiento. La Audiencia Nacional ha tenido que pronunciarse expresamente en numerosos recursos. Entre ellos destacan las sentencias favorables a AXA Mediterranean Holding, a la que se reconoce un derecho de cobro de más de 13 millones, así a Abertis.
En el caso de la filial controlada por la constructora de Florentino Pérez, ACS, la Sala anuló una liquidación de 33,7 millones de euros al considerar que había desaparecido el soporte jurídico que justificaba la reclamación de Hacienda.
Las resoluciones dictadas durante los últimos meses consolidan una jurisprudencia que previsiblemente seguirá beneficiando a otras empresas que recurrieron las actuaciones de la Agencia Tributaria.
Y la factura para las arcas públicas todavía podría aumentar, ya que varios procedimientos siguen pendientes de resolución y, en algunos casos, aún quedan ejercicios fiscales fuera del alcance de las sentencias conocidas hasta la fecha.
