Iberdrola y Endesa cargan contra la regulación del Gobierno para centros de datos y alertan de fuga de inversiones
La patronal eléctrica Aelec advierte de que "introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico"
Marina Serrano, presidenta de Aelec, durante el I Foro de la Energía de Economía Digital
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Aelec, que agrupa a empresas del sector como Iberdrola, Endesa y EDP, ha cargado contra la propuesta de real decreto del Gobierno para regular el desarrollo de los centros de datos en España. La patronal eléctrica se muestra disconforme con las medidas propuestas y advierte de que pone en peligro la inversión en el país.
La presidenta de la asociación, Marina Serrano, ha asegurado en un comunicado que si se imponen requisitos para el desarrollo de los centros de datos que no existen en otros países, «se corre el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España, con el consiguiente impacto sobre la competitividad» del país.
Serrano defiende también la importancia de incorporar nuevos consumos para el desarrollo económico y la transición ecológica, ya que España «necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda».
En esta línea, desde Aelec aseguran que si se quiere electrificar la economía, aumentar la utilización de las renovables y reforzar la autonomía energética del país, «debemos facilitar la incorporación de nuevos consumos, no dificultarla».
Es por ello que alerta sobre los efectos perjudiciales de frenar el consumo eléctrico en el sistema. «El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce exactamente al resultado contrario», asevera.
Asimismo, Serrano considera que la propuesta del Gobierno para regular los centros de datos «introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico».
La patronal de Iberdrola y Endesa advierte de la incertidumbre regulatoria
Aelec también advierte de que modificar las condiciones aplicables a proyectos que ya cuentan con permisos concedidos «genera incertidumbre regulatoria y puede afectar a la confianza necesaria para seguir invirtiendo en redes, renovables y nueva demanda».
No obstante, Serrano valora el impulso a las energías ‘verdes’ por el que apuesta el Real Decreto, aunque cuestionó el camino elegido para exigirlo a los usuarios.
«Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que además no se sabe si van a poder cumplir. La función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica; la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables, menos emisiones y mayor eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto. Sería más deseable que los consumidores tuvieran incentivos para ser flexibles», ha sentenciado.
Las declaraciones de Serrano llegan después de que el Gobierno lanzara a audiencia pública, por la vía de urgencia, el proyecto de real decreto, en el que propone exigir que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.
El proyecto ha sido desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública y está en fase de audiencia, durante la cuál los agentes pueden enviar sus alegaciones.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo persigue ordenar la implantación de los centros de datos ante el notable incremento de la llegada de proyectos, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones.
En este sentido, el Gobierno ha estudiado la problemática que se ha dado en otros países -como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos-, considerando así que es el momento oportuno para adelantarse a la regulación y esquivar esos posibles problemas.
La propuesta normativa recoge otras medidas como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.
De esta manera, la normativa busca que se cumpla con los estándares de eficiencia hídrica y energética más exigentes, así como con los criterios de soberanía digital, tecnológica y capacidad de cómputo.
