El Juez Peinado asumió en el caso Urbas «admisiones indiscriminadas» y «personaciones injustificadas»

El juez que ha sustituido a Juan Carlos Peinado decreta el sobreseimiento provisional de la querella presentada por Urbas contra el fondo RS Lender.

Juan Carlos Peinado, Juan Antonio Acedo y Andrés Sánchez Magro.

Juan Carlos Peinado, Juan Antonio Acedo y Andrés Sánchez Magro.

El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, asumió «admisiones indiscriminadas» y «personaciones injustificadas» en la querella que admitió a finales del pasado año de la compañía Urbas contra el fondo RS Lender, por presunta estafa procesal, de acuerdo a un informe elaborado por la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección Delitos Económicos.

La querella de Urbas contra el fondo, que ha enturbiado el proceso concursal en el que se encuentra el grupo presidido y controlado por Juan Antonio Acedo, no debió ser admitida, y mucho menos debió después permitirse la ampliación de la misma y la personación de supuestas sociedades perjudicadas, sostiene Fiscalía.

El magistrado Carlos Valle, quien ha sustituido en el puesto a Juan Carlos Peinado, jubilado el pasado mes de septiembre, ha dictado recientemente Auto decretando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, como solicita en su informe Fiscalía.

Sede de Urbas en Madrid.

El origen del conflicto está en un acuerdo de financiación firmado en diciembre de 2020 entre el fondo RS Lender y Urbas, por el que la compañía recibió un préstamo de 50 millones de euros, que después fue ampliado a 80 millones.

Urbas incumplió el pago del préstamo y el fondo ejecutó la prenda sobre los activos dados por la empresa en garantía, supuestamente valorados en 224 millones de euros. Pero el fondo otorgó un valor de cero euros a esaas garantías, en base a un informe elaborado por PwC.

El fondo se personó en las actuaciones que seguía ya a mediados de 2025 el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, en cuyo ámbito Urbas trataba de alcanzar un acuerdo de reestructuración con los acreedores, informando sobre el préstamo impagado por la compañía, como crédito contingente.

El Juez Peinado instó verbalmente a la administración concursal de Urbas a no seguir haciendo su trabajo

RS Lender requirió al Juzgado la posibilidad de nombrar experto reestructurador, una posibilidad contemplada por la Ley Concursal, al contar con un pasivo que representa más del 50% del pasivo total.

Ante ello, Urbas presentó en diciembre de 2025 querella contra el fondo RS Lender y sus administradores, que fue admitida por el Juzgado que entonces dirigía Juan Carlos Peinado.

El magistrado además acordó la práctica de diversas diligencias de investigación y testificales, entre ellas la de la administración concursal designada por el Juzgado Mercantil número dos de Madrid en el concurso de Urbas, los despachos Auren y Kepler Karst.

En una decisión inusual, el pasado mes de mayo, el Juez Peinado instó verbalmente a la administración concursal a abstenerse de tomar decisiones en el procedimiento concursal, lo que ha derivado en un conflicto de competencia.

El Juez Andrés Sánchez Magro, al frente del concurso de Urbas, respondió a la actuación de Peinado advirtiendo que suponía «adoptar una medida cautelar innecesaria y nula de pleno derecho«, al ser emitida por un tribunal que carece de competencia para ello, y que podría plantear conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo, como ha publicado este diario.

Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas
Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.

«No solo cabe afirmar que no concurren indicios de la comisión de un delito de estafa procesal, sino que el presente procedimiento ha mutado, desde su origen, a una suerte de investigación penal paralela al concurso ordinario que se está desarrollando en el Juzgado Mercantil número dos de Madrid», destaca el informe elaborado por Fiscalía en el que requiere el sobreseimiento de las actuaciones.

El informe de Fiscalía también advierte que la personación en el procedimiento que seguía el Juez Peinado de dos sociedades, vinculadas a Urbas, son pretensiones «claramente descartables como perjudicados en el presente procedimiento, no sólo porque ninguna relación tienen ambas mercantiles con el plan de reestructuración denegado», sino también porque cualquier manifestación contraria a RS Lender debería plantearse en el juzgado mercantil.

La Fiscalía recuerda que el fondo RS Lender interpuso demanda por el incumplimiento de Urbas del contrato de préstamo suscrito en 2020 en los juzgados ingleses, y que esa demanda está sometida por tanto a la jurisdicción inglesa, y que en todo caso ya había sido comunicada al juzgado mercantil de Madrid al frente del concurso de Urbas.

Urbas utilizó «el procedimiento penal como instrumento paralelo al mercantil», dice Fiscalía

A pesar de todo, el Juez Peinado asumió las diligencias de investigación requeridas por la querella de Urbas contra el fondo RS Lender por Auto de 18 de junio de 2026, «sin ninguna fundamentación sobre su utilidad y necesidad para la instrucción» del procedimiento, indica Fiscalía en su informe.

Así, Fiscalía se pregunta en su informe qué utilidad podía tener para el procedimiento diligencias requeridas por Urbas y asumidas por el Juez como la de llamar a declarar como testigos a la administración concursal, solicitar informes al lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, o de determinada documentación exigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Fiscalía indica que Urbas utilizó «el procedimiento penal como instrumento paralelo al mercantil» para tratar de acreditar la existencia de conflicto de interés en la administración concursal.

La actuación del Juez Peinado fue denunciada por el fondo RS Lender, que presentó querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el magistrado por prevaricación. La denuncia fue inadmitida, pero el fondo ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Urbas, falta de colaboración

El informe de Fiscalía sobre la actuación de Urbas en el procedimiento concursal, tratando de iniciar aparentemente un juicio penal paralelo, enlaza con la conducta del órgano de administración de la compañía con sede en Madrid, denunciada por la administración concursal.

En su informe de calificación -en el que se solicita la declaración de concurso culpable y la inhabilitación para administrar empresas a Juan Antonio Acedo durante 15 años- los despachos Auren y Kepler Karst advierten que la actitud de los ejecutivos de Urbas no ha sido de colaboración, «sino de obstrucción«.

La compañía, lamenta la administración concursal, ha desatendido requerimientos, ha llevado a cabo actuaciones sin autorización y ha procedido a la venta de activos pese a la «denegación expresa de la autorización».

Tampoco se facilitó al auditor de las cuentas de Urbas la información necesaria para la auditoría del ejercicio 2024, no fue posible reunir a la Comisión de Auditoría.

La administración concursal de Urbas destaca en su informe la actuación del que fuera consejero independiente de Urbas y presidente de la Comisión de Auditoría, Francisco Javier Álvarez Hoyuela, quien en noviembre de 2025 denunció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, diversas actuaciones de la compañía.

Entre las actuaciones que han llamado la atención de la administración concursal, también del expresidente de la comisión de auditoría de Urbas, se encuentra el ‘extravío’ de 1.598 millones de acciones de la compañía, contemplado por la administración concursal como posible alzamiento de bienes.

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