De FG a Brufau: todos los grandes del Ibex salpicados por el caso Villarejo
La imputación de Antoni Brufau e Isidro Fainé se suma a la de Francisco González, el Caso Tándem también salpica a Iberdrola y ACS
El Comisario Villarejo. EFE
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputaba este jueves al presidente de Repsol, Antoni Brufau, y al expresidente de Caixabank, Isidro Fainé -actual presidente de Criteria Caixa-.
La causa investiga si encargaron al excomisario de policía José Manuel Villarejo, que espiara entre 2011 y 2012 al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. No son los únicos directivos del Ibex que se han visto envueltos en esta trama que arrancó hace ya tres años.
También el expresidente de BBVA, Francisco González, el presidente de ACS, Florentino Pérez o el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se han visto de una u otra manera implicados.
Fue en mayo de 2018 cuando se conocieron las primeras informaciones sobre este caso, popularmente conocido como `Caso Villarejo´, aunque en el caso concreto de BBVA, se está investigado la novena pieza separada del Caso Tándem.
En un primer momento se filtró la existencia de una posible relación entre BBVA y Cenyt, una empresa que dirigía Villarejo y se dedicada a obtener información sensible de las personas o empresas que mandaban sus clientes.
Según se adelantó entonces, BBVA habría abonado 242.000 euros a Villarejo por trabajos realizados entre junio de 2016 y diciembre de 2017. Poco tiempo después ya se hablaba del pago de cinco millones de euros por trabajos realizados entre febrero de 2012 y abril de 2017. La labor concreta del comisario era la de frenar el asalto a BBVA que planeaba desde la constructora Sacyr, Luis del Rivero.
En 3 de febrero de 2020, el magistrado Manuel García Castellón levantaba el secreto de sumario y desvelaba que BBVA pagó más de 10 millones de euros por todos los encargos que realizó en esos trece años.
Francisco González, el primero en caer
Solo un mes después de salir a la luz la primera información, en junio de 2018, BBVA inició una investigación interna para identificar “cualquier actuación irregular que se hubiera producido dentro del banco”.
También solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible, según explicó la entidad más adelante.
El banco quería colaborar con la justicia y mejorar su imagen mientras avanzaban las investigaciones, pero el consejo de administración de BBVA aceleró la salida de Francisco González de la presidencia de BBVA.
FG dejó su cargo el 31 de diciembre de 2018 y el entonces consejero delegado, Carlos Torres le relevó del puesto el 1 de enero de 2019. Entre tanto, Francisco González continuó como presidente de honor, pero también por poco tiempo. Decidió abandonar todos los cargos en marzo.
En julio de 2019 se abría un nuevo capítulo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, imputaba como persona jurídica a BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara.
La Fiscalía lo pidió después de analizar la documentación en papel y soporte digital incautada en los registros practicados al excomisario, además de la documentación aportada por BBVA. Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos, fue quien acudió a declarar en noviembre como representante legal del BBVA.
También ese mes lo hizo FG, el magistrado decidió imputarle por los pagos efectuados desde BBVA al entramado empresarial de Villarejo. A esas alturas ya había una decena de directivos del banco imputados.
Entre ellos, el ex responsable de riesgos, Antonio José Béjar, que mantiene desde entonces su propia lucha con el que banco, pues llegó a declarar que Francisco González le “ordenó en persona” contratar con Cenyt. Motivo por el que fue despedido.
Galán y Florentino también se ven envueltos en el caso
La pieza 12 del Caso Tándem se centra en la contratación del excomisario Villarejo por parte de Iberdrola para llevar a cabo labores de espionaje. Su caso es peculiar, porque se investiga si espió a la empresa que preside Florentino Pérez, ACS, ante el temor de que se hiciera con el control de la compañía.
La Audiencia Nacional sigue las prácticas de la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán desde octubre de 2019. Iberdrola reconoció que había contratado estos servicios entre 2004 y 2017, pero siempre ha negado el espionaje a Florentino Pérez.
A diferencia de lo que ha ocurrido en BBVA, la eléctrica no está imputada pero si el jefe de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, al considerarle la persona responsable de hacer encargos a Cenyt a lo largo de los años. En este caso, se habría desembolsado 1,1 millones de euros.
En el inicio de esta investigación, Florentino Pérez decidió personarse en calidad de acusación particular con el objetivo de ejercitar “acciones penales y civiles» contra los que resultaran responsables. Apuntando desde el inicio al presidente de Iberdrola y a Villarejo.
El presidente de la constructora ha asegurado siempre ser una víctima de los encargos de Villarejo, e Iberdrola hace lo posible por expulsarle de la causa, pero la Audiencia Nacional mantiene su condición de perjudicado.
Fainé y Brufau, los últimos salpicados
La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el pasado 10 de abril la imputación de Isidro Fainé y Antonio Brufau, algo que se ha llevado a cabo este mismo jueves.
Imputados por un posible delito de cohecho activo, el que fuera presidente de La Caixa y el presidente de Repsol, también son investigados por acudir al comisario Villarejo para que espiara al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
En su caso porque pretendía tomar el control de la energética con la ayuda de la petrolera mexicana Pemex en un momento en el que La Caixa mantenía una participación relevante en Repsol.
En concreto, el juez indica en su auto que acudieron a Villarejo cuando Luis del Rivero era accionista de Repsol e intentó hacerse con «casi un tercio del total de las acciones». Repsol y Caixabank conocieron sus planes y consiguieron paralizarlo en un primer momento.
Sin embargo, ante la posibilidad de que el presidente de Sacyr siguiera intentándolo, acudieron a Villarejo, según explica. Fuentes cercanas a Isidro Fainé señalan que, por respeto a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, solo harán declaraciones en sede judicial.
Por su parte, Repsol afirma que no ha existido ninguna conducta «ilegal o contraria» al Código de Ética y Conducta por parte de «ningún consejero, directivo o empleado de la compañía, actuales o pasados, en relación con la contratación de servicios de información».
En el auto de este jueves, el juez hace mención a una conversación que Brufau mantuvo con Fainé, “dada la confluencia de intereses de ambos”. En concreto se menciona una “charla” donde se propuso la contratación de los servicios de Cenyt y de la que de manera “al menos indirecta”, Fainé estaba al tanto.
