Camión de Cacaolat

Cacaolat vuelve a los números rojos

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La compañía catalana logró ganar dinero durante los últimos dos años, pero en 2018 regresó a pérdidas por las indemnizaciones pagadas en Utebo

Barcelona, 10 de julio de 2019 (04:55 CET)

Los días malos de Cacaolat son demasiado recientes como para haber caído en el olvido. Los batidos de chocolate parecían asentados en los beneficios después del concurso de acreedores sufrido a comienzos de la década y se prometían tiempos de expansión en el seno de la compañía. No obstante, 2018 volvió a ser un año de turbulencias. Y no fue sólo por el negocio: los problemas judiciales de la empresa catalana sacudieron los números y la devolvieron a pérdidas.

Si bien es cierto que las ventas se estancaron y apenas escalaron desde los 61,79 millones hasta los 61,82 millones de euros, el resultado a final de curso cayó desde unas ganancias de 3,30 millones de euros a unas pérdidas de 1,83 millones. La razón de la diferencia fue el acuerdo extrajudicial al que tuvieron que llegar los dos accionistas al 50% de la sociedad, Demetrio Carceller y Sol Daurella, presidentes de Damm y Coca-Cola European Partners, respectivamente, con los extrabajadores de la planta de Utebo (Zaragoza). 

Gracias al contrato se evitaron el paso por el banquillo de los acusados por el cierre de la instalación y la posible compra fraudulenta de la firma de batidos durante el concurso de acreedores.

Por ello, el gasto salarial de la empresa alimentaria se disparó en 2018 desde los 7,35 millones de euros hasta los 12,91 millones. La propia compañía lo admite: “En el ejercicio se ha alcanzado una solución pactada al conflicto judicial existente en Utebo con la que se ha compensado con una mayor indemnización a los trabajadores afectados por los ERE de 2012 y 2013”. 

Carceller y Daurella estaban acusados de estafa judicial y administración desleal

Durante la primavera, el presidente de Damm y la presidenta de Coca-Cola European Partners --a la vez copresidentes de Cacaolat-- se vieron obligados a alcanzar un acuerdo con 56 antiguos empleados de la instalación aragonesa por una querella que les acusaba de haber delinquido contra los derechos de los trabajadores, de estafa judicial y de administración desleal. Las actos se remontaban a la propia compra de Cacaolat  y de la fábrica, cerrada en 2012 después dar indicios de querer reflotarla durante el procedimiento.

El pago evitó la celebración del juicio oral decretado por la Audiencia Provincial de Zaragoza en abril. El auto, hecho público por El Periódico de Aragón sentenciaba que “de manera indiciaria” se había aparentado la idea de reflotar la planta a pesar de que la intención real “era cerrarla” y aglutinar toda la producción en Barcelona. Con ello, Carceller y Daurella se ahorraron las inversiones prometidas de cuatro millones. “Esto pudo lugar a una fraudulenta extinción de los trabajadores”, zanjaba el tribunal.

Además de los dos ejecutivos, la querella también se dirigía contra Víctor Rufart, actual director de estrategia de Coca-Cola European Partners; Francesc Lluch, director general de Cacaolat; Luís Victory, administrador único de Victory Corporate Turnaround; y Jorge Villavecchia, directivo de Damm.

Sin embargo, gracias al pago desembolsado por la empresa, ni los presidentes de sus dos accionistas ni los altos ejecutivos implicados en la compra están ya bajo el radar de la Audiencia Provincial.

Cacaolat: adiós al crecimiento

 

Las pérdidas de 1,83 millones ponen fin a la dinámica de crecimiento de Cacaolat. Las cuentas del pasado ejercicio revelaron unas ganancias de 3,30 millones de euros. El incremento frente a los beneficios de 2,62 millones de 2016 fue del 25,9% y lejanas parecían ya las pérdidas de 11,63 millones de 2013.

Además, el grupo se las prometía muy felices con el objetivo de facturar 70 millones en 2020 gracias al negocio internacional. En 2018, la misión parece haberse complicado por culpa del estancamiento del negocio, del que la compañía culpa al clima económico general.

Cacaolat entró en concurso de acreedores en 2011 de la mano del grupo Nueva Rumasa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, que protagonizó una de las quiebras más grandes de España en su momento. Tras un año de procedimiento, el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona aprobó la venta de la sociedad a la alianza Cobega-Damm tras recibir también ofertas de Vichy Catalán Corporación Alimentaria Peñasanta (Central Lechera Asturiana).

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