Competencia investiga a Telefónica. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete
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La CNMC abre un expediente sancionador a Telefónica por posible discriminación en los tiempos de provisión y solución de averías de otros operadores

Madrid, 29 de octubre de 2018 (11:16 CET)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un procedimiento sancionador contra Telefónica por posible discriminación en los tiempos de provisión y solución de averías de otros operadores. El regulador investiga si la empresa incumple sus obligaciones con los usuarios​ de otras compañías.

Así, Competencia ha analizado el periodo comprendido entre enero de 2017 y marzo de 2018 y ha hallado "indicios suficientes" de que Telefónica habría incumplido la obligación de no discriminación que tiene por su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.

La CNMC considera que Telefónica podría haber incurrido en una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones.

En concreto, se trata de los servicios mayoristas NEBA cobre y fibra. “Telefónica debe prestar a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma (…) en las mismas condiciones y plazos”. Dichas condiciones y plazos están recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la CNMC.

Beneficia a sus propios clientes

“La obligación de no discriminación que tiene impuesta Telefónica se refiere tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, con independencia de la ubicación física", explica el regulador.

La CNMC sostiene que Telefónica habría suministrado servicios y reparado averías de sus propios clientes “en mejores plazos que los registrados para la provisión y mantenimiento de los servicios mayoristas prestados a operadores alternativos”. Así, beneficia  a sus propios clientes en detrimento del servicio que ofrece para los usuarios de otras compañías.

Competencia recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. El organismo tiene un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución.

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