Madrid, Cataluña y Andalucía lideran la licitación de vivienda pública con 750 millones en el primer trimestre
La licitación residencial crece un 18,5% en tasa interanual hasta marzo, impulsada por la obra nueva, mientras la rehabilitación se desploma más del 40%
Montaje realizado por Economía Digital.
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La inversión pública en vivienda en Madrid, Cataluña y Andalucía ha arrancado 2026 con paso firme. El sector residencial acumula en el primer trimestre del año un volumen de 752,5 millones de euros licitados, lo que representa un incremento del 18,5% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos del informe trimestral elaborado por SEOPAN.
Una cifra que refleja la creciente presión de las administraciones públicas por ampliar el parque de vivienda en un contexto de tensión inmobiliaria sin precedentes desde la burbuja de 2008.
Sin embargo, ese titular alentador convive con una realidad más matizada: el impulso proviene casi en exclusiva de la obra nueva, mientras que la rehabilitación del parque existente vive su peor trimestre en años con una caída superior al 41%.
La distribución territorial de la licitación pública en vivienda es muy distinta entre territorios. Según el informe, Madrid lidera el ranking nacional con 184,2 millones de euros comprometidos en proyectos residenciales en lo que va de año.
A continuación se sitúa Cataluña, con 156,7 millones, y cierra el podio Andalucía, con 112,5 millones. Juntas, estas tres comunidades autónomas acaparan más del 60% de toda la inversión pública residencial nacional en el primer trimestre.
Esta concentración no es nueva, y responde en gran medida a la dimensión poblacional y al peso específico de sus áreas metropolitanas, pero pone de relieve que la emergencia habitacional, aunque extendida por toda la geografía española, sigue encontrando respuesta preferente allí donde la presión del mercado es más visible.
Madrid y Barcelona concentran las listas de espera de vivienda social más largas del país, mientras que Andalucía ha reforzado su inversión para responder a una demanda que supera con creces la oferta disponible en ciudades como Sevilla y Málaga.
No obstante, el informe también señala que comunidades como el País Vasco y la Comunidad Valenciana están protagonizando los mayores incrementos porcentuales del trimestre, con subidas superiores al 30% anual en licitación residencial.
Se trata de territorios que, partiendo de una base menor, están acelerando su apuesta por la vivienda pública con crecimientos que merecen atención en los próximos meses.
La fotografía de la licitación residencial por tipología revela una tendencia que los expertos llevan tiempo advirtiendo: las administraciones apuestan por construir antes que por renovar.
De los 752,5 millones licitados en vivienda, 650,3 millones corresponden a obra nueva, un incremento del 41% frente al mismo periodo del año anterior. En cambio, la rehabilitación y la gran reforma apenas suman 102,2 millones, lo que supone una caída del 41,3%.
Esta dicotomía resulta llamativa en un contexto en el que España tiene uno de los parques de vivienda más envejecidos de Europa. La vivienda pública representa apenas el 1,5% del parque residencial nacional, frente al 9% de la media europea, lo que obliga a las administraciones a priorizar la creación de nueva oferta, según datos de la Unión Europea.
Madrid y Cataluña, en máximos históricos
Estos datos de licitación llegan en un momento crítico para el mercado inmobiliario español. El precio medio de la vivienda ha superado los niveles máximos registrados durante la burbuja de 2008, con un incremento interanual que ronda el 13%, y ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga lideran una escalada impulsada por un déficit crónico de oferta que ya se cifra en 700.000 unidades.
Las previsiones de analistas como el equipo de Bankinter apuntan a subidas del 7% en el precio de la vivienda durante 2026, sostenidas por la escasez de oferta, la demanda extranjera y la fuerte subida de precios de los alquileres. En ese escenario, la inversión pública en licitación residencial, aunque creciente, resulta todavía insuficiente para torcer una tendencia que viene deteriorándose desde 2022.
El informe de SEOPAN permite también diseccionar qué administración está tirando del carro en materia de vivienda pública. Los ayuntamientos se erigen como los principales promotores, responsables de aproximadamente el 55% de los expedientes de vivienda residencial licitados en el primer trimestre.
Las comunidades autónomas absorben el 35% restante, focalizados principalmente en programas de alquiler asequible y vivienda social. El Estado, a través de organismos específicos ligados al suelo, participa de forma más reducida, con apenas un 10% del total.
Este reparto sitúa a los consistorios como el primer actor en la política de vivienda pública de facto, a pesar de que sus recursos y capacidades de gestión son muy dispares según el tamaño del municipio.
Grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla cuentan con empresas municipales de vivienda propias con músculo suficiente para acometer grandes promociones, mientras que municipios medianos y pequeños dependen en mayor medida de la financiación autonómica y estatal para poder comprometer inversiones significativas.
La conclusión que se extrae del informe de SEOPAN es que las administraciones están acelerando su respuesta ante la emergencia habitacional, pero que la brecha entre los recursos comprometidos y las necesidades reales del mercado sigue siendo enorme. La obra nueva avanza con fuerza, pero la rehabilitación se abandona.
