Del Nido y Muñoz, condenados a 7 años de cárcel por la Audiencia de Málaga

El abogado al igual que el ex alcalde marbellí han sido condenados por fraude en un concurso con prevaricación y malversación de caudales públicos

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La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha dado a conocer este lunes la sentencia del caso ‘Minutas’, sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido. El abogado ha sido condenado a siete años y seis meses de prisión, al igual que el ex alcalde marbellí, Julián Muñoz, por fraude en un concurso público con prevaricación y malversación de caudales públicos.

Así, quedan absueltos de falsedad documental y de delito societario continuado. Del Nido, además, estaba acusado de tráfico de influencias, apropiación indebida, presentación de documento falso y deslealtad profesional pero la Sala lo absuelve de estos cargos.

Además, Muñoz y Del Nido han sido condenados a 15 años de inhabilitación absoluta y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 3.058.505 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.El fiscal modificó su escrito inicial para Del Nido solicitando una pena de 30 años de cárcel, frente a los 13 años y medio iniciales.Respecto a Muñoz, elevó la petición de cárcel de 16 años y medio a 28 años de prisión.

Por su parte, el ex asesor urbanístico y considerado el cerebro de la trama del caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a cuatro años de prisión, tres de ellos por malversación de caudales y uno por fraude.

La Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella origen del caso tras analizar informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio, acusó a 16 personas. El Ayuntamiento marbellí ha ejercido la acusación particular. La vista oral de este juicio comenzó el 6 de abril de 2010 y terminó el 24 de junio de este año.

Maquinación defraudatoria

El ministerio fiscal sostuvo durante todo el proceso que la contratación de los servicios profesionales del letrado para este proceso de fiscalización se realizó «sin» el preceptivo expediente y se le adjudicaron los servicios y el ejercicio de las acciones concretas «mediante decretos inmotivados», considerando que se pretendía «una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999».

Del Nido, por su parte, siempre defendió su trabajo y aseguró que recibió órdenes de impugnar la fiscalización, pero no tuvo misión de retrasar la tarea ni obstaculizar la labor, negando que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía. Dijo que su actuación era «necesaria» y fue «efectiva». Asimismo, en su derecho a la última palabra dijo que entendía que se le había aplicado el derecho penal de autor.

Economía Digital

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