Fira Barcelona bate otro récord por los pelos: 215 millones de euros

Pau Relat, presidente del consejo de administración de Fira Barcelona, pide estabilidad política, acuerdos y “una imagen de país segura y acogedora”

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Fira Barcelona bate récord tras récord aunque por los pelos. Espera cerrar este 2019 con unos ingresos de más de 215 millones de euros y un ebitda superior a los 25 millones de euros. En 2018, la facturación alcanzó los 213 millones de euros, dos menos, y el ebitda se situó en 30 millones, cinco más.

Desde Fira señalan que la escasa variación respecto a 2018 obedece al efecto de la “diferente cartera de productos” feriales entre los dos años. Si se compara los resultados con 2017, año más comparable con 2019 por el tipo de salones, el ebitda será este año un 15% superior.

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del consejo general de Fira, Ada Colau, se mostró “satisfecha” por los resultados: “récord de facturación”, captación de nuevos salones, renovación de cargos institucionales e, incluso, “consolidación” del Mobile World Capital (MWC). No hizo mención a las preocupaciones de los propietarios del salón de telefonía, el mayor certamen de telefonía del mundo, para que se garantice la movilidad y la seguridad.

Sobre el Mobile, Colau aseguró que las previsiones «son muy buenas» y el presidente del consejo de administración de Fira, Pau Relat, auguró que sería la mejor edición de la historia. No mostraron ni un atisbo de duda.

Colau aprovechó la rueda de prensa posterior al consejo general de Fira para hacer una advertir de la emergencia ambiental y hacer una llamada al diálogo político para resolver el conflicto catalán. Subrayó que es un “error” el enjuiciamiento del conflicto y que este solo se revolverá con diálogo. Recalcó que Fira “no se ha resentido” de esta conflictividad pese a los incidentes violentos que se registraron en la ciudad después de la sentencia del procés.

Espacio de «grandes consensos»

Pau Relat también hizo referencia a la “compleja situación política, social y ambiental”. No obstante, resaltó que Fira se erige como “un espacio de grandes consensos y de gran lealtad constitucional”.  Eso se puso en evidencia con el recinto acuerdo para la ampliación del recinto de Gran Vía y la remodelación del de Montjuïc.

Sin embargo, Relat hizo una llamada a la estabilidad política. Indicó que necesitan  “serenidad institucional y acuerdos”. También indicó que “necesitamos un entorno estable que genere una imagen de país segura y acogedora”, aunque no menciinó explícitamente las virulentas protestas callejeras registradas desde mediados del pasado octubre.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el independentista Joan Canadell, reconoció que sería conveniente “más estabilidad política” y que se aprueben los presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Estado. No obstante, reiteró que “el país se ha acostumbrado a trabajar con inestabilidad política” porque la economía catalana “continúa creciendo”.

El vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), la consejera de Empresa, Àngels Chacón (Pdecat) y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín (PSC), resaltaron el clima de consenso y de acuerdo que mantienen las administraciones catalanas con el futuro de Fira. Pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, Aragonès se negó a comentar el estado de las negociaciones para la aprobación de los presupuestos.

Ampliación ferial

Los accionistas de Fira 2000, sociedad propietaria de las instalaciones, cerraron recientemente un acuerdo para la nueva ampliación. Los socios son la Generalitat (55%), los ayuntamientos de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat, la Diputación y la Cámara de Comercio.

La inversión se sitúa en 333 millones de euros. Se destinarán a construir un nuevo palacio ferial. La finalización de las obras está prevista para 2024. Además, se remodelará el viejo recinto de Montjuïc, aunque está remodelación finalizará en 2029.

La ampliación del recinto de Fira Barcelona y la captación de nuevos eventos generará en Cataluña un impacto de 675 millones de euros anuales entre 2024 y 2028, según el estudio del Instituto de Economía de Barcelona.

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