La familia Fernández de Sousa debe pagar 664 de los 1.200 millones de fianza que impone el juez Ruz

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El auto del magistrado se hace público 10 días antes de la celebración de la junta de accionistas de la que ha de salir un nuevo presidente para Pescanova

Fernández de Sousa a su llegada al consejo de administración en Madrid / E.P.

03 de septiembre de 2013 (00:00 CET)

La familia de Sousa tendrá que hacer frente a más de la mitad de la fianza de 1.200 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto contra diez directivos de Pescanova y seis sociedades como responsabilidad civil para hacer frente a un posible pago en caso de ser condenados. En concreto, 664 millones de euros.

Se les imputa la comisión de un delito de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. El auto revela que para establecer el importe de las fianzas se ha tenido en cuenta "el número de querellas y denuncias dirigidas contra cada uno de los querellados".

Fianza para padre, hijo y hermano

El ex presidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, deberá pagar 178 millones de euros en un plazo de 10 días o enfrentarse al embargo de sus bienes.

Según el auto del juez Ruz, al que ha tenido acceso Economía Digital, su hijo y su hermano, Pablo Javier Fernández Andrade y Fernando Fernández de Sousa, también tendrán que hacerse cargo, cada uno, de una fianza que asciende a los 69,4 millones de euros.

Riesgo de insolvencia

Igualmente, las sociedades Inverpesca SA, Sociedad Gallega de Importación de Carbones SA, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ICS Holding Limited e Inverlema deberán depositar en el juzgado 69,4 millones de euros cada una. Todas, en la órbita de la familia de Manuel Fernández de Sousa.

En el auto, Ruz justifica la imposición de estas medidas ante la existencia de indicios de criminalidad y la “muy probable práctica de nuevas diligencias de investigación”. El magistrado detecta además riesgo de que “los querellados se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo” siendo necesarias “para neutralizar ese riesgo, la fijación de la fianza solicitada por el Ministerio Fiscal”.

Consejeros y directivos

Pero los Sousa no son los únicos señalados. De hecho, la Audiencia Nacional también impone una fianza de 125 millones de euros para el consejero Alfonso Paz-Andrade y de 54,7 millones para José Antonio Pérez-Nievas.

Robert Albert Williams, Jesús García y los directivos Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López también deberán depositar en los juzgados una fianza de 69,4 millones de euros, respectivamente. Estos tres últimos estaban directamente señalados en el informe forensic de KPMG como conocedores de las presunta irregularidades que se tejieron alrededor de varias filiales de la multinacional.

Informe forense

De hecho, el auto alude directamente al informe de la consultora, que se conoció a principios del verano y que fue uno de los detonantes de la dimisión de Fernández de Sousa como presidente de la compañía.

“En el informe emitido por la entidad KMPG, se señala como práctica financiera y contable llevada a cabo por los responsables del grupo Pescanova para ocultar su creciente deuda la utilización de una red de sociedades instrumentales constituidas, financiadas y mantenidas por Pescanova SA, a la que se vendía y/o compraba mercancía desde el año 2007 sin movimiento real de la misma, generándose una facturación falsa”.

Sousa recurrirá

De momento, tan sólo Manuel Fernández de Sousa ha anunciado ya su intención de recurrir la fianza. Fuentes cercanas al empresario sostienen que no se justifica “ni por la causa, ni por lo prematuro del momento, ni por la cuantía que está basada únicamente en lo que dicen los querellantes sin escuchar a los querellados”.

Precisamente, el anuncio de la fianza llega un mes antes de la declaración de Manuel Fernández de Sousa y Alfonso Paz-Andrade como imputados, y a 10 días vista de la junta general de accionistas de Pescanova, de la que tiene que salir un nuevo presidente y consejo.

Junta de accionistas

El auto del juez Ruz puede ser decisivo a la hora de decantar la balanza. De momento, tan sólo dos consejeros han dado un paso al frente y han anunciado su intención de presentar ante los accionistas una propuesta de consejo. De un lado, la cercevera Damm, de Demetrio Carceller. Del otro, el propio Fernández de Sousa.

El ex presidente de Pescanova tratará de convencer a la junta de que su propuesta es la mejor para el desarrollo de la empresa. Sin embargo lo hará imputado, sin haber todavía declarado ante la Audiencia, y con una fianza de 178 millones de euros a las espaldas.
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