Europa quiere apoyarse en la seguridad privada para reforzar el control interior de fronteras
La seguridad privada, que deja de verse como mera vigilancia comercial para ser reconocida como apoyo operativo fundamental a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Guardia de seguridad con una radio. Foto: Freepik
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La Unión Europea ha situado para 2026 el objetivo de una «Europa más soberana e independiente», en la que la colaboración público-privada deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una pieza operativa clave de la defensa interior y la protección de las infraestructuras críticas según avanzó Escudo Digital.
En ese nuevo marco, Bruselas ha aprobado un presupuesto comunitario más orientado a la seguridad global, que asume que los conflictos en el flanco este, las tensiones en Oriente Medio y el aumento de los ataques híbridos exigen reforzar no solo las capacidades militares clásicas, sino también el territorio digital, la logística de apoyo y la resiliencia civil frente a crisis prolongadas.
En varios países de la OTAN, esta visión se traduce ya en un papel ampliado de la seguridad privada, que deja de verse como mera vigilancia comercial para ser reconocida como apoyo operativo fundamental a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en tareas de vigilancia estática, custodia de infraestructuras básicas y protección de nodos logísticos.
Una seguridad privada llamada a ser «multiplicador de fuerzas»
En España, este cambio de paradigma coincide con un aumento del 45% del gasto en defensa hasta alcanzar los 33.123 millones de euros en 2025, aunque la mayor parte de ese esfuerzo se ha orientado a armamento, programas industriales y capacidades puramente militares más que a reforzar la seguridad interior privada.
Desde las instituciones europeas se impulsa, sin embargo, la idea de una «protección redundante», en la que la seguridad privada custodia elementos estratégicos –puentes, carreteras, centros logísticos, plantas energéticas, centros de datos– liberando recursos públicos para misiones de mayor nivel y permitiendo que las FCSE se concentren en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o la defensa exterior.
La propia visión de la OTAN para 2026 es que la seguridad privada actúe como multiplicador de fuerzas, asumiendo gran parte de la vigilancia estática y la primera línea de protección de infraestructuras para que la Policía y la Guardia Civil puedan operar como unidades de respuesta rápida ante incidentes de alto impacto.
El reto es que el sector español de la vigilancia aún arrastra déficits significativos en recursos financieros, acceso a tecnología avanzada y condiciones laborales, lo que dificulta que pueda asumir a corto plazo todas las responsabilidades que se le empiezan a atribuir.
Programas como ACREDITADef 2026, el procedimiento de acreditación de competencias impulsado en el ámbito del Ministerio de Defensa, están llamados a elevar el nivel profesional mediante certificaciones oficiales en áreas técnicas y de gestión de crisis, pero su implantación efectiva todavía es desigual.
Además, el salario medio de un vigilante de seguridad ronda en 2026 los 16.800 euros anuales, pese a que el convenio colectivo de seguridad privada 2023‑2026 ha consolidado una subida acumulada del 16% (con un 3% específico para 2026), un incremento que, en la práctica, queda neutralizado por la inflación y plantea dudas sobre la capacidad del sector para retener talento especializado en un momento de máxima tensión geopolítica.
La transformación del sector
la seguridad privada en Europa ha comenzado a transformarse desde la vigilancia física tradicional hacia un modelo híbrido, en el que la tecnología, la gestión del riesgo y la convergencia físico‑digital definen los perfiles más demandados y mejor remunerados.
En el ámbito de la gestión de infraestructuras críticas y resiliencia, figuras como el Director de Seguridad Corporativa (CSO) se han consolidado como las de mayor proyección: en 2026, el sueldo medio en España para este puesto ronda los 49.500 euros anuales, con picos que alcanzan los 93.000 euros o más en grandes multinacionales del sector energético, financiero o del transporte.
A su lado, los consultores en continuidad de negocio se encargan de diseñar planes para que servicios esenciales como el agua, la banca o la energía sigan operando ante crisis geopolíticas, ciberataques o interrupciones prolongadas de la cadena de suministro.
