Las rentas no declaradas cuestan a Hacienda 51.000 millones, el 3,7% del PIB
La brecha fiscal en el IRPF sigue lastrando a la hacienda pública pese a la mejora del cumplimiento y a las actuaciones de control de la Agencia Tributaria
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El Estado deja de recaudar cada año entre 21.000 y 51.000 millones de euros por las rentas no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta cifra equivale aproximadamente a entre el 19% y el 47% de todo lo que ingresa este tributo y supone entre el 1,5% y el 3,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos correspondientes a 2022. Así lo concluye un estudio publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que vuelve a poner el foco en uno de los grandes retos estructurales de la hacienda pública española: la brecha fiscal.
El informe, elaborado por los economistas Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, analiza la evolución de la renta no declarada en el IRPF en las 15 comunidades autónomas de régimen común entre 2003 y 2022. A partir de este análisis, los autores estiman el coste recaudatorio bruto asociado a la brecha fiscal, que alcanza un máximo de 51.000 millones de euros anuales.
Una aproximación al límite superior del fraude fiscal
Los autores subrayan que la brecha fiscal estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude en el IRPF. Además de la ocultación deliberada de rentas, esta diferencia incluye otros factores como prácticas de elusión fiscal o discrepancias conceptuales y estadísticas entre las fuentes utilizadas.
En este sentido, el estudio advierte de que la brecha fiscal no debe confundirse con la economía sumergida, ya que esta última engloba también actividades ilegales, empleo no registrado y otros impuestos distintos del IRPF. Aun así, el impacto de estas rentas no declaradas sobre la hacienda estatal es significativo y persistente.
El coste recaudatorio neto baja hasta 41.000 millones
Una vez descontados los casi 10.000 millones de euros que la Agencia Tributaria logró recuperar en 2022 mediante actuaciones de control e inspección, el coste recaudatorio neto se sitúa entre 11.300 y 41.300 millones de euros. En términos macroeconómicos, esta pérdida equivale a entre el 0,8% y el 3% del PIB.
El informe detalla que la mayor parte de este coste procede de las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario no declaradas en el IRPF. En el extremo opuesto se sitúan las rentas del capital mobiliario y, especialmente, las rentas del trabajo, que presentan niveles de incumplimiento mucho menores.
La renta no declarada desciende, pero sigue siendo elevada
El análisis longitudinal muestra una mejora sostenida del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF durante las dos últimas décadas. A comienzos de los años 2000, la renta declarada apenas representaba entre el 70% y el 75% de la renta real. En los últimos años, esta proporción ha aumentado hasta situarse en torno al 80%-85%.
Pese a esta evolución favorable, la brecha fiscal sigue siendo considerable. En 2022, la renta no declarada alcanzó casi 112.000 millones de euros, lo que evidencia que el problema continúa teniendo una magnitud relevante para la hacienda pública.
El trabajo declara más, el resto de rentas menos
Por tipo de renta, las del trabajo son las que registran mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. Este elevado grado de declaración se explica, según el estudio de Fedea, por el sistema de retenciones en origen aplicado por las empresas, que limita de forma muy eficaz las posibilidades de ocultación.
En cambio, las rentas distintas del trabajo presentan una trazabilidad administrativa mucho menor. Aunque su cumplimiento ha mejorado de forma notable, en 2022 la brecha fiscal en este tipo de rentas sigue siendo cercana al 50%.
Mejora generalizada en las comunidades autónomas
Desde el punto de vista territorial, el informe detecta una mejora generalizada del cumplimiento fiscal en todas las comunidades autónomas y una reducción de las diferencias regionales. Los mayores avances se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que Asturias y Aragón muestran progresos más moderados.
En las rentas del trabajo se produce una clara convergencia territorial, mientras que en el resto de rentas la evolución es más desigual. Comunidades como Madrid destacan por avances significativos, frente a otras como Murcia o Asturias, donde la mejora ha sido limitada.
Impacto en equidad y sostenibilidad financiera
Los autores advierten, a Europa Press, que esta brecha fiscal tiene importantes consecuencias en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Reduce la recaudación, genera desigualdad entre contribuyentes cumplidores y puede forzar aumentos de la presión fiscal.
Por último, el estudio subraya que, incluso en el escenario más conservador, la pérdida de ingresos equivale a partidas clave del gasto público, lo que refuerza la necesidad de que la hacienda española disponga de estimaciones oficiales periódicas para abordar este problema de forma estructural.
