Las 16 medidas de ASPRIMA para activar miles de viviendas a través de la infraestructura eléctrica
La patronal inmobiliaria alerta de que la falta de capacidad y la burocracia eléctrica bloquean proyectos residenciales y encarecen la vivienda
Archivo – Edificio en construcción de una promoción de vivienda.- Archivo
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La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha situado la infraestructura eléctrica en el centro del debate sobre la escasez de vivienda en España. En un contexto marcado por el déficit estructural de oferta, la patronal ha presentado un informe que identifica la falta de capacidad de la red y su mala planificación como uno de los principales obstáculos para poner en marcha nuevos desarrollos residenciales y propone 16 medidas concretas para revertir esta situación.
El documento parte de un diagnóstico contundente: la producción de vivienda nueva está muy por debajo de las necesidades reales del país. Según estimaciones del Banco de España, el déficit acumulado ronda ya las 700.000 viviendas, una brecha que no deja de ampliarse por los retrasos administrativos, el encarecimiento de los costes y, cada vez más, por las dificultades para acceder a la red eléctrica.
ASPRIMA alerta de que el problema no es marginal, sino estructural. Solo en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 gigavatios de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no llegaron a materializarse. En muchos casos, la falta de capacidad disponible obligó a denegar las solicitudes; en otros, fueron los propios promotores quienes desistieron ante la incertidumbre regulatoria y los plazos imprevisibles.
La falta de planificación eléctrica, un freno silencioso al desarrollo residencial
Uno de los ejes centrales del informe es la desconexión entre la planificación urbanística y la eléctrica. ASPRIMA denuncia que ambas avanzan por carriles separados, lo que obliga a los promotores a asumir refuerzos de red no previstos, con sobrecostes que comprometen la viabilidad económica de los proyectos y retrasan durante años su ejecución.
Esta falta de coordinación tiene consecuencias directas sobre el precio final de la vivienda. Cuando los desarrollos residenciales deben financiar infraestructuras que exceden su ámbito, los costes acaban trasladándose al comprador o al inquilino. El informe subraya que este modelo penaliza la oferta y reduce la capacidad del sector para responder a la demanda creciente, especialmente en las grandes áreas urbanas.
Además, ASPRIMA pone el foco en prácticas que inmovilizan recursos durante largos periodos, como las reservas de potencia excesivamente rígidas o la duplicidad de validaciones administrativas. Estos mecanismos, pensados para garantizar seguridad técnica, terminan generando un efecto bloqueo que impide aprovechar la capacidad existente y ralentiza la puesta en marcha de nuevas promociones.
Capacidad de red y uso eficiente de la infraestructura existente
El primer bloque de propuestas se centra en la capacidad y planificación de la red eléctrica. ASPRIMA plantea flexibilizar los límites de inversión en redes y fomentar inversiones anticipatorias, de modo que la infraestructura se adelante a la demanda residencial prevista y no actúe como un cuello de botella cuando los proyectos ya están listos para ejecutarse.
Otra de las medidas clave es priorizar los desarrollos con planeamiento definitivamente aprobado, garantizando que aquellos proyectos que ya han superado la tramitación urbanística no queden bloqueados por falta de capacidad eléctrica. Para ello, el informe propone mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores desde las fases iniciales.
En paralelo, ASPRIMA defiende una optimización más inteligente de la red existente. Frente a un modelo de acceso rígido, plantea sistemas flexibles y progresivos que permitan reservar potencia para todo el desarrollo, pero activarla de forma gradual conforme avanza la urbanización, evitando así el acaparamiento innecesario de capacidad durante años.
Menos burocracia y más certidumbre para atraer inversión
La agilización administrativa ocupa un lugar central en el documento. ASPRIMA identifica la burocracia y las dobles validaciones como uno de los factores que más incertidumbre generan en el sector. Para corregirlo, propone alinear la validez de los informes eléctricos con los hitos urbanísticos, de modo que no caduquen antes de que los proyectos puedan avanzar.
Entre las medidas más destacadas figura la creación de una ventanilla única autonómica de urbanismo eléctrico, con silencio administrativo positivo y plazos máximos para la emisión de propuestas de conexión por parte de las distribuidoras. El objetivo es reducir tiempos, eliminar duplicidades y ofrecer previsibilidad a los promotores.
El informe también insiste en la necesidad de dar certidumbre a la ejecución de infraestructuras. La falta de definición temprana de subestaciones y centros de transformación genera conflictos de suelo y potencia que pueden paralizar proyectos incluso en fases avanzadas. ASPRIMA propone integrar estas infraestructuras de forma vinculante en los instrumentos de planeamiento y simplificar su ejecución cuando estén previstas en proyectos aprobados.
Reparto de costes y vivienda como uso de interés social
El último bloque de propuestas aborda el coste y el dimensionamiento de las infraestructuras eléctricas. ASPRIMA considera que el modelo actual traslada al promotor inversiones de carácter troncal o de utilidad pública que deberían financiarse a través del sistema eléctrico, lo que encarece artificialmente la vivienda.
La patronal propone limitar la carga del promotor a las redes internas y de uso exclusivo, y revisar los criterios de dimensionamiento de potencia para ajustarlos a la demanda real. De este modo, se evitarían sobredimensionamientos innecesarios que consumen capacidad de red y elevan los costes sin aportar un beneficio real.
Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, subraya que estas 16 medidas combinan soluciones regulatorias y operativas con un objetivo claro: acelerar la conexión de nuevos desarrollos, reducir costes y aportar certidumbre. “Priorizar la vivienda como un uso de interés social dentro de la planificación eléctrica es clave para desbloquear miles de viviendas”, señala.
La asociación hace un llamamiento a todas las administraciones, a las distribuidoras y al regulador para que actúen con urgencia. A su juicio, si no se aborda de forma decidida el problema de la infraestructura eléctrica, seguirá siendo un freno estructural que impida aumentar la oferta de vivienda en un momento crítico para el mercado inmobiliario español.
