Consumo investiga anuncios de viviendas en grandes portales por ofertar alquileres por encima de la ley
El departamento encabezado por Pablo Bustinduy quiere eliminar los anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley
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Los elevados precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, ponen enormes trabas a las personas interesadas en encontrar una vivienda. Lejos de atenuarse, los datos reflejan que alquilar una vivienda cada vez es más caro, por lo que el Ministerio de Consumo viene advirtiendo que requiere de un mayor esfuerzo económico por parte de los inquilinos.
El precio del alquiler cierra 2025 en una media mensual de 14,21 euros por metro cuadrado, un 7% más caro que el año anterior
Sin ir más lejos, un estudio elaborado por Fotocasa sostiene que el precio del aquiler de vivienda en la geografía española se ha encarecido cerca de un 7% y ya alcanza una media mensual de 14,21 euros por metro cuadrado. De hecho, en regiones como Cataluña, Madrid, Islas Baleares, País Vasco y las Islas Canarias, el precio supera la media nacional.
Entre los grandes municipios que han registrado aumentos más significativos figuran localidades como Guadalajara, Parla, Vilanova i la Geltrú, Las Gabias, Paterna, Moncofa, Torrejón de Ardoz o Sant Joan d’Alacant.
Consumo abre una investigación
En este contexto, el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha abierto una investigación para garantizar que los caseros cumplen con la legislación vigente. Concretamente, se propone perseguir y eliminar los anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda.
El Ministerio de Consumo abre una investigación para garantizar que los caseros cumplen con la legislación vigente
El ministerio ha recordado que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas declaradas oficialmente como tensionadas de forma «clara y accesible» información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.
Tanto los portales inmobiliarios como las asociaciones del sector han sido informadas por carta de los cambios legislativos aprobados que afectan a los anuncios online que ofertan y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
Infracciones de la normativa de consumo
El Ministerio de Consumo ha optado por abrir la investigación tras monitorizar de forma activa el mercado de la vivienda y detectar prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas.
En este sentido, ha advertido que las práticas identificadas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como «prácticas desleales por engañosa» y, por tanto, acarrear la imposición de multas. Hasta la fecha, la Ley de Vivienda obligaba a dar la información antes de firmar el contrato, pero la nueva normativa obliga también a que figure en los anuncios.
Consumo quiere actuar «con toda contundencia»
El Ministro de Consumo ha recalcado que actuarán «con toda contundencia» si detectan y pueden probar prácticas engañosas. «Haremos valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, es lo que hicimos con las aerolíneas low cost y las grandes operadoras de juego online», ha hecho hincapié.
Con todo, ha advertido que quien busque lucrarse sorteando la ley a costa de los consumidores y los ciudadanos «lo pagará caro», puesto que ninguna empresa «está por encima de la ley».
El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, recalca que actuarán «con toda contundencia» si detectan y pueden probar prácticas engañosas por parte de los propietarios que sacan su vivienda al mercado del alquiler
En cuanto a las sanciones que podrían aplicarse, ha explicado que podrían alcanzar distintos grados y penalizaciones. También ha concretado que oscilarán entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
