Los interventores destapan un caos contable en la Confederación Hidrográfica del Miño

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Los auditores tumban las cuentas de 2013 del organismo público, en su día uno de los epicentros de la 'Operación Pokémon' bajo la presidencia de Fernández Liñares

Francisco Fernández Liñares, con su abogado, a la salida de los juzgados de Lugo | EFE

28 de octubre de 2014 (21:18 CET)

El desgobierno contable reina en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Al menos, a ojos de la Intervención General de la Administración del Estado, que ha puesto patas arriba las cuentas del organismo público, en su día presidido por Francisco Fernández Liñares, uno de los cerebros de la Operación Pokémon. Los auditores no solo tumban las cuentas de la Confederación Hidrográfica correspondientes a 2013, sino que se reconocen incapaces de emitir un informe que refleje el estado actual del organismo, y denuncian prácticas contables irregulares.

Entre otras irregularidades que destapan, los responsables de la Intervención del Estado señalan en el informe que acompaña las cuentas de la confederación que, "del examen de la ejecución presupuestaria de los gastos de personal, se constató que se incumplió la limitación por programas presupuestarios, se excedió el gasto en el crédito presupuestado para acción social y se imputaron retribuciones con cargo a créditos para cuotas sociales". Aunque el efecto conjunto de los incumplimientos no excede los límites, "sí se vulnera la normativa presupuestaria", señalan.

Sin inventario de bienes


El informe destaca en otro de sus puntos que la Confederación Hidrográfica "no dispone, a fecha actual, de un inventario de los bienes del inmovilizado ni de las existencias, por lo que no ha sido posible comprobar la existencia, composición y correcta valoración de la totalidad de dichos bienes ni de su amortización acumulada". "A mayor abundamiento, el organismo", dicen los auditores, "sólo dota la amortización por el inmovilizado recibido en adscripción para ubicar su sede y por las inversiones realizadas sobre un bien arrendado".

Los auditores van más allá al asegurar que "se han vulnerado las normas de imputación recogidas en la Ley General Presupuestaria", al estar aplicando a créditos de un capítulo del presupuesto de gastos partidas por un importe de 802.379 euros que, por su naturaleza, deberían aplicarse a otro. En concreto, detectan cuentas y partidas concretas como las de "infraestructuras en curso", "aplicaciones informáticas" y "otras partidas del inmovilizado" correspondientes a certificaciones derivadas de trabajos que, una vez analizados, se comprobó que tenían naturaleza de gastos del ejercicio y no de activos. "Similar circunstancia se puso de manifiesto en las auditorías de los ejercicios 2009 a 2012, proponiéndose unos ajustes, que no se han realizado, por importe de 3,4 millones de euros".

Opinión denegada

"No hemos podido obtener una evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas", concluyen. La confederación está actualmente presidida por Francisco Marín, que sustituyó el en cargo de Liñares. Entre su equipo destaca el director técnico, Manuel Ignacio Rodríguez Acebes, y el secretario general, Manuel González Torres.

La Confederación cuenta con 166 trabajadores, de los cuales 89 eran funcionarios y 77 laborales. Sus principales fuentes de ingresos son las transferencias de la Dirección General del Agua, subvenciones para la realización de obras procedentes de la Unión Europea, y el producto de sanciones, tasas y cánones gestionados, como el canon de ocupación de bienes del dominio público hidráulico o el de regulación, tarifas de utilización del agua, dirección e inspección de obras y el canon de control de vertidos.
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