Reyal Urbis y las autovías: las dos ‘patatas calientes’ del juez Vaquer

Lo primero que ha hecho tras volver de vacaciones Francisco Javier Vaquer, el juez titular del juzgado 6 de lo Mercantil de Madrid, ha sido ponerse a perfilar los autos que tiene pendientes para resolver dos auténticas ‘patatas calientes’ concursales, como son las respectivas propuestas de convenio presentadas por la inmobiliaria Reyal Urbis y por el Ministerio de Fomento, administrador concursal de las autovías radiales de Madrid R-3 y R-5. De no aceptar las propuestas, en ambos casos se iría a la liquidación.

El asunto tiene su trascendencia por los 6.000 millones de euros de pasivo que están en el aire, y, en el caso de las autovías, además un tema de calado, como es la entrada en liza de la Responsabilidad Patrimonial del Estado con 5.000 millones a los que hacer frente.

Subsanaciones

La admisión a trámite del convenio de Reyal Urbis se ha demorado más de lo previsto porque el juez obligó a la empresa presidida por Rafael Santamaría a efectuar numerosas subsanaciones respecto a la primera propuesta presentada el pasado mes de febrero.

El magistrado pidió a la inmobiliaria que aclarase el pago indefinido que fijaba para devolver los 400 millones de euros que adeuda a la Hacienda Pública, y, además, conocer las razones que Reyal Urbis había seguido para el sorteo de activos entre los acreedores.

Sareb, principal acreedor

En líneas generales, en esa primera propuesta, tras asumir que no podrá devolver el pasivo de 4.000 millones de euros que arrastra, la promotora presidida ponía a los acreedores ante la tesitura de asumir una quita del 80% de ese pasivo. Y, además, limitada a los 3.500 millones de que la empresa debe a la Sareb, principal acreedor, y a más de 20 entidades financieras, casi la mitad extranjeras.

Con ese planteamiento, y viendo el importe de lo provisionado ante las lógicas minusvalías que se vislumbraban, serían en torno a unos 1.000 millones de euros adicionales los que los bancos tendrían que aportar hasta alcanzar el nivel de fallidos que esa quita del 80% comportaría.

Dudas sobre ingresos suficientes

Otro extremo que el magistrado ha querido aclarar son las dudas relativas a que Reyal Urbis pueda generar, con los activos que se quedaría, ingresos suficientes para cumplir con el compromiso de pagar 500 millones de euros a Agencia Tributaria, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por lo tanto, el juez deberá notificar, en el esperado auto, si la nueva propuesta de convenio presentada por la empresa queda suficientemente justificada como para determinar si es o no admisible a trámite. También deberá responder al recurso de reposición presentado por Reyal Urbis contra el auto judicial, en el que no se permite aplicar el artículo 121.4 de la Ley Concursal. La que permite que una mayoría superior de adhesiones al 75% del crédito sindicado sirva para que el restante 25% esté obligado a aceptarlo.

Acumulación de concursos de autovías

El juez Vaquer es el mismo que, como encargado de acumular los concursos de las autovías de peaje en quiebra, el pasado mes de marzo también instó al Ministerio de Fomento a subsanar determinados aspectos del plan de rescate que, a modo de convenio de acreedores, había presentado.

Pedía al departamento dirigido por Ana Pastor que presentase la correspondiente autorización del Consejo de Ministros para crear una sociedad con las ocho autopistas en concurso, así como el refrendo del Gobierno para titulizar la deuda con que se quedarán las vías de pago una vez se aplique su propuesta de aplicar una quita del 50% al pasivo de 3.400 millones que actualmente suman.

Caso omiso de Fomento

En ese auto, el magistrado volvía a pedir, por tercera vez, correcciones a Fomento sobre los convenios de las radiales R-3 y R-5 de Madrid. Las que han elaborado lo abogados del Estado y sobre las que el juez deberá pronunciarse.

Para tratar de evitar la liquidación y ganar tiempo, Accesos de Madrid –la concesionaria participada por Abertis, Sacyr y ACS – presentó un recurso ante el Supremo en relación a los problemas acaecidos por la falta de tráfico provocada por la crisis. Un argumento que fue rechazado por el Alto Tribunal al entender que no lo veía como un riesgo imprevisible que obligara a modificar los contratos de concesión.

Venía a decir a las empresas que hay que estar a las duras y a las maduras. Y que tenían que haber considerado la posibilidad, al participar en el concurso, de que la contratación administrativa lleva inherente un riesgo.