Hugo Chávez en la inauguración de un tramo del metro de Caracas en 2008.

Venezuela investiga a Técnicas Reunidas, CAF y ACS por mordidas

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El parlamento venezolano amplía la investigación por sobornos al régimen chavista. La sorpresa es que ahora Maduro quiere destapar el caso

Madrid, 08 de enero de 2018 (04:55 CET)

Tres grandes constructoras españolas están siendo investigadas por el parlamento venezolano por, presuntamente, haber pagado mordidas millonarias a altos jerarcas del chavismo a cambio de las mayores adjudicaciones de obras públicas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Una comisión de investigación parlamentaria avanza en la recopilación de información que podría comprometer a Técnicas Reunidas, CAF y ACS, según ha podido conocer Economía Digital a través de fuentes parlamentarias en Venezuela.

La investigación también salpica a Constructora Hispánica, una compañía extinta cuyos directivos confesaron en los tribunales españoles haber participado en sobornos al PP en el caso Gurtel, y a Getronic, una empresa especializada en infraestructuras de alta velocidad y que ahora es propiedad de Siemens.

Uno de los parlamentarios que investiga los casos, Julio Montoya, del partido opositor venezolano Primero Justicia, confirmó a este medio que el parlamento de su país, en manos de la oposición, analiza la actuación de todas las empresas subcontratadas por Duro Felguera en uno de los mayores casos de corrupción reciente en Venezuela.

El escándalo de presunta corrupción en Venezuela protagonizado por Duro Felguera salpica a otras compañías españolas

Montoya no ha querido detallar las empresas implicadas pero Economía Digital pudo corroborar a través de otras fuentes parlamentarias que Técnicas Reunidas está siendo investigada en el marco de los contratos de electricidad y CAF y Cobra (filial de ACS) están bajo la lupa por los contratos adjudicados en 2008 con el Metro de Caracas para la ampliación de la red suburbana en un megacontrato de 1.850 millones de dólares.

Las investigaciones apuntan a que el ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Carlos Aguilera Borjas, cobró a través de Tecnotren, una empresa de su propiedad, servicios equivalentes a casi el 5% de las obras adjudicadas.

La filial de ACS habría pagado asesorías a la empresa del ex guardaespaldas de Chávez y CAF habría firmado también un contrato con la misma compañía. La información consta, desde hace al menos dos años, en el Sepblac, el servicio español de prevención de blanqueo de capitales.

“Estamos pidiendo a las autoridades españolas que investiguen las actuaciones de todas las empresas implicadas en estos contratos, como ya lo han hecho con la constructora Duro Felguera (imputada en España por pagar sobornos al chavismo a cambio de obras milmillonarias). Creemos que lo harán, pero si eso no ocurre, entonces la investigación se dará a conocer aquí en Venezuela”, explicó el diputado encargado de las investigaciones.

El madurismo ahora colabora

La investigación del parlamento venezolano podría ser completamente inútil e irrelevante si no se hubiese abierto una guerra interna en el chavismo. Ahora los casos de corrupción, hasta ahora tapados por el gobierno, comienzan a ser investigados por el propio régimen. La guerra entre clanes chavistas podría terminar destapando las empresas internacionales que participaron en sobornos para obtener contratos en Venezuela.

 “No valoraré los motivos ni las consecuencias de la guerra interna en el chavismo, pero lo cierto es que me gusta lo que ahora está haciendo la fiscalía en relación a estos gravísimos casos de corrupción”, explica el diputado opositor Montoya.

El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado una investigación en contra de Rafael Ramírez, máximo responsable de los negocios petroleros y energéticos del país durante el gobierno de Hugo Chávez. Ramírez, crítico del gobierno de Maduro y amigo personal la hija del presidente fallecido, se encuentra en paradero desconocido.

Los parlamentarios venezolanos aseguran estar en contacto permanente con las autoridades federales en Estados Unidos y con cuerpos policiales internacionales. Ahora, exigen a España la misma colaboración con el propósito de que el país pueda recuperar el dinero sustraído a través de las tramas corruptas. 

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