El BOE despeja las dudas: así será la jornada intensiva de los funcionarios en 2026

La medida permitirá a miles de empleados públicos concentrar su horario laboral durante los meses de verano, con ventajas adicionales para quienes tengan responsabilidades familiares

Nuevo reajuste de jornada para los funcionarios

Nuevo reajuste de jornada para los funcionarios

La jornada intensiva para los empleados de la Administración General del Estado (AGE) ya es una realidad tras la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida permitirá a miles de funcionarios concentrar su horario laboral durante los meses de verano, en un contexto marcado además por la implantación de la semana laboral de 35 horas en la administración pública.

La normativa establece los periodos de aplicación, los horarios concretos y los supuestos en los que determinados trabajadores podrán ampliar este régimen por motivos de conciliación familiar.

La jornada intensiva se aplicará entre junio y septiembre

Según recoge la resolución publicada en el BOE, la jornada intensiva estará vigente entre el 16 de junio y el 15 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los empleados públicos podrán realizar una jornada continuada de seis horas y media, generalmente entre las 8:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes.

En el caso de los trabajadores adscritos a turnos de tarde, el horario podrá desarrollarse entre las 14:30 y las 21:30 horas. La medida afecta a personal de la Administración General del Estado, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social y otros organismos dependientes.

Más margen para quienes tengan responsabilidades familiares

La resolución incorpora además medidas específicas de conciliación. Los empleados públicos con hijos menores de 12 años, personas tuteladas o familiares con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% podrán acogerse a la jornada intensiva durante un periodo más amplio.

En estos casos, el horario especial podrá disfrutarse desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ampliando así el calendario habitual previsto para el resto de trabajadores públicos.

Una medida ligada a la jornada laboral de 35 horas

La entrada en vigor de la jornada intensiva coincide con la implantación de la semana laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, una medida acordada entre el Gobierno y los principales sindicatos de la función pública. El cambio beneficiará a más de 220.000 empleados públicos, según las estimaciones oficiales.

La resolución establece que las distintas administraciones dispondrán de un periodo de adaptación para reorganizar calendarios laborales, sistemas de control horario y servicios de atención al ciudadano.

Trabajar menos horas

Aunque la jornada intensiva reduce el tiempo de permanencia diaria durante el verano, esto no implica necesariamente una disminución de las horas trabajadas a lo largo del año. La propia normativa contempla mecanismos para redistribuir la carga horaria anual mediante sistemas de flexibilidad y adaptación de calendarios laborales.

Por ello, el objetivo principal de esta modalidad es mejorar la conciliación y adaptar el trabajo a los meses de mayor calor, manteniendo al mismo tiempo la prestación de los servicios públicos.

La jornada intensiva sigue sin ser un derecho general en el sector privado

Mientras que los funcionarios de la AGE tienen garantizada esta medida por resolución oficial, en las empresas privadas la jornada intensiva continúa dependiendo de los convenios colectivos o de acuerdos internos entre trabajadores y empresas. El Estatuto de los Trabajadores no contempla este sistema como un derecho universal para todos los empleados.

Por este motivo, la aplicación de horarios continuados durante el verano sigue siendo muy desigual entre sectores y compañías, aunque cada vez más organizaciones optan por esta fórmula para favorecer la conciliación y mejorar el bienestar laboral.

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