CEOE se divide por el plante de Glovo ante la nueva ley de ‘riders’

Las empresas del sector de logística consideran que las reglas deben ser iguales para todos

Mientras el Ministerio de Trabajo trabaja a toda prisa para que los agentes sociales firmen el acuerdo de la llamada Ley de Riders, que regulariza los términos laborales de los repartidores de las empresas como Glovo o Deliveroo con la propia sociedad, dentro de CEOE las distancias entre las asociaciones de empresas de logística y Adigital (que agrupa a las compañías digitales) se agrandan.

La división dentro del organismo presidido por Antonio Garamendi se produce en un momento crucial ya que este mismo jueves, tanto sindicatos, patronales y Gobierno vuelven a sentarse para definir la nueva regulación. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la idea es poder tener firmado el acuerdo antes de que acabe el año para iniciar nuevas conversaciones de otros aspectos laborales, como la subida del SMI o derogar la antigua reforma laboral.

Las posiciones entre las partes implicadas están alejadas y tanto UNO, patronal de empresas de la logística, como Adigital quieren barrer para su casa y velar por sus intereses empresariales.

Los puntos discordantes

Fuentes de UNO ponen de manfiesto el malestar con la situación actual que se da dentro de las paredes de la patronal ya que consideran que debe existir en todo momento “competencia leal”. 

“La Ley hay que cumplirla. No vale que algunas empresas intenten ampararse en que son plataformas digitales porque todas las empresas, en mayor o menor medida tienen su parte digital”, recalcan dichas fuentes. Además, estas voces discordantes con Adigital y con el posicionamiento de CEOE recalcan que “las reglas deben ser idénticas para todos”. 

Recientemente la organización dirigida por Paco Aranda también fue muy crítica con empresas como Glovo o Amazon Flex. De hecho, denunciaron el modelo de “vehículos particulares que se producen en las plataformas logísticas de estas empresas y que, según la normativa vigente, no son aptos para la realización de servicios de transporte de mercancías; así como de personas sin vinculación laboral con la empresa y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas para la realización de dicho tipo de transporte”.

Glovo no se mueve de su posición

Por su parte, Glovo tira con fuerza en el otro extremo de la cuerda. La empresa de reparto a domicilio ingresó en CEOE en julio de 2019. Desde esa fecha, la compañía ha ejercido una fuerte presión para que la patronal escuchara sus peticiones y plantara cara a las exigencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez, intensificadas desde la llegada de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La posición de Glovo es clara. Tal y como contó Economía Digital recientemente, la empresa va a seguir contratando bajo la misma operativa de falsos autónomos hasta que no le quede más remedio. La startup entiende que ni las sentencias en firme contra el modelo laboral ni el hecho de que Inspección de Trabajo haya dado a 18.000 riders de alta en la Seguridad Social son motivos suficientes para que los repartidores sean considerados empleados. 

La compañía ha exigido al Gobierno una “colaboración flexible” y se aferra a las directrices europeas para que no se firme el nuevo documento que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que podría llegar a firmarse en las próximas semanas. Fuentes de UNO, que engloba a empresas como Seur, Nacex, DHL o Correos Express, piden a Glovo que se ciñan a “la legalidad” y a la competencia leal que debe imperar en el sector. Este medio se ha puesto en contacto con la patronal de las empresas digitales y han declinado hacer cualquier tipo de comentarios.

Garamendi apoya a Glovo

Mientras el tira y afloja entre una parte y otra es notorio, Antonio Garamendi ha tomado posición. De hecho, si no se ha firmado ya el documento que regularice la situación de decenas de miles de riders es porque el presidente de CEOE cree que Glovo tiene razón en esta disputa.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, saluda al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, antes de la reanudación de una de las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. EFE/Kiko Huesca

Al igual que la empresa de reparto a domicilio, Garamendi entiende que la nueva legislación debe ceñirse “a una regulación europea”, tal y como ha venido manteniendo en las últimas semanas.

“De momento, el papel que nos ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Trabajo no lo compartimos, porque pensamos que es terriblemente generalista y que realmente frenaría también en muchos casos la actividad”, llegó a recalcar en una entrevista concedida a La Vanguardia. Unas palabras que no han sentado nada bien en el círculo de las empresas de logística.

Nuevas negociaciones

Como se mencionaba anteriormente, este jueves se vuelven a reunir las diferentes partes implicadas a expensas de que el nuevo borrador termine de convencer a todos los actores implicados en las negociaciones. 

En dicho documento que se trabaja ha desaparecido la inclusión del registro de plataformas. De hecho, los ‘riders’ partidarios de acabar con el actual modelo laboral de las plataformas digitales ven con preocupación como evolucionan las negociaciones para la nueva regulación.

La última propuesta trasladada desde el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales no contempla la creación de un registro obligatorio de plataformas digitales y de los algoritmos bajo los que operan éstas.

El antiguo documento obligaba a Glovo, Deliveroo y otras empresas a informar de las actividades y sector en el que se integra la actividad que realizan y del convenio sectorial y empresarial, en su caso, aplicable. Además,se instaba a especificar el modelo de organización del trabajo, de la descripción de los diferentes puestos de trabajo, de su número de trabajadores, y del capital inicial y procedencia de éste, incluidas las posibles ayudas económicas públicas