Aluvión de demandas tras la sentencia del Supremo sobre los trabajadores públicos temporales
El reconocimiento judicial del abuso de la temporalidad abre la puerta a miles de reclamaciones y amenaza con un fuerte impacto económico para la Administración pública
El reconocimiento judicial del abuso de la temporalidad abre la puerta a miles de reclamaciones y amenaza con un fuerte impacto económico para la Administración pública.
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La nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en la Administración amenaza con abrir una factura millonaria para las arcas públicas y reaviva el debate sobre el modelo de empleo público en España. El fallo judicial reconoce indemnizaciones para miles de trabajadores interinos y vuelve a situar en el centro de la polémica la figura del funcionario temporal, un problema estructural que arrastra el Estado desde hace décadas.
Un problema enquistado en la Administración
La temporalidad en el sector público español continúa muy por encima de los límites marcados por la Unión Europea. Según datos sindicales y del Instituto Nacional de Estadística, cerca de un millón de empleados públicos mantienen relaciones laborales temporales, mientras que unas 125.000 personas siguen pendientes de procesos de estabilización que aún no se han resuelto.
El Tribunal Supremo ha determinado que el abuso continuado de contratos temporales debe ser compensado económicamente. Sin embargo, también ha cerrado la puerta a convertir automáticamente en fijo a cualquier funcionario interino que no haya superado previamente una oposición.
La resolución judicial llega tras varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que había advertido a España de la insuficiencia de las medidas adoptadas para frenar la precariedad en el empleo público.
Indemnizaciones de hasta 10.000 euros
La sentencia abre la posibilidad de reclamar compensaciones económicas por los daños sufridos debido al encadenamiento de contratos temporales. Algunas estimaciones apuntan a indemnizaciones que podrían alcanzar los 10.000 euros por trabajador, aunque la cuantía dependerá de cada caso concreto.
Además, los afectados podrían exigir también diferencias salariales acumuladas durante años y compensaciones por despido o cese, lo que incrementaría notablemente el coste total para las administraciones públicas.
Según avanzaban los compañeros de El País, se prevé que haya una avalancha de demandas judiciales por parte de empleados públicos temporales que consideran que han sufrido abuso de temporalidad. El impacto económico podría prolongarse durante años si el Gobierno no impulsa una reforma legislativa clara.
El Supremo mantiene el principio de oposición
Pese a reconocer el abuso, el Alto Tribunal insiste en que el acceso a la condición de funcionario fijo debe seguir respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La sentencia establece que solo podrán adquirir estabilidad quienes hayan aprobado previamente un proceso selectivo, aunque no obtuvieran plaza en ese momento. Para el resto de interinos, la solución pasará por indemnizaciones y posibles sanciones a las administraciones incumplidoras.
El fallo supone un duro golpe para plataformas de empleados temporales que reclamaban la fijeza automática como única solución efectiva frente al abuso de contratación temporal.
Europa mantiene la presión sobre España
El TJUE considera que España no ha desarrollado mecanismos suficientemente eficaces para evitar el uso abusivo de contratos temporales en el sector público. La justicia europea cuestiona tanto la figura del indefinido no fijo como los procesos de estabilización impulsados en los últimos años.
Incluso la Comisión Europea mantiene bajo vigilancia la evolución de esta situación, mientras continúan las críticas por la elevada tasa de temporalidad en áreas especialmente sensibles como sanidad, educación y universidades públicas.
El Gobierno defiende que los procesos de estabilización ya puestos en marcha permitirán reducir progresivamente la temporalidad, aunque sindicatos y expertos consideran que las medidas han llegado tarde y resultan insuficientes.
