El viaje a ninguna parte de Andrea Orcel escuece al Santander

Ana Botín centrará sus energías en que el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, retrase la salida del banco

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El viaje a ninguna parte de Andrea Orcel sigue escociendo en el Grupo Santander. Este miércoles, la mitad de las preguntas de los medios de comunicación a Ana Botín durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2018 buscaban desvelar las razones por las que se anunció a bombo y platillo el nombramiento del máximo ejecutivo de UBS como nuevo consejero delegado de la primera entidad bancaria española y, casi cuatro meses después, el consejo de administración dio marcha atrás.

Amparándose en la más que posible judicialización del asunto y en la confidencialidad del contrato, la presidenta de Banco Santander evitó desvelar las verdaderas razones del cambio de intenciones y hasta se sorprendió de que fueran los periodistas y no los analistas lo que exigieran explicaciones. Ana Botín aseguró que ningún inversor realizó pregunta alguna sobre el caso Orcel. Negó también que el posible giro en la gobernanza de la entidad hacia la banca de inversión en lugar del “retail” estuviera detrás del fiasco.

Del coste de Orcel al papel de Álvarez y Echenique

Santander se mantiene en que el coste final no era conocido en su totalidad en septiembre de 2018 —cuando su nombramiento fue aprobado por el consejo de administración del banco— y que se convirtió en inasumible a mediados de enero, cuando este mismo órgano revocó la decisión.

Lo que sí ha quedado claro es que José Antonio Álvarez ha vuelto a su cargo de consejero delegado con carácter indefinido. La entidad no tiene intención alguna de embarcarse en otro proceso de selección que no sea el de la sustitución de Rodrigo Echenique como presidente de Santander España, después de que éste anunciara su decisión de abandonar sus responsabilidades. En todo caso, Ana Botín confía en una marcha atrás de Echenique, que tiene prevista su salida en el primer trimestre de este año. La presidenta ve posible acabar convenciendo a uno de sus principales hombres de confianza para que retrase su marcha del grupo.

El plan estratégico: el 3 de abril

Con los resultados de este miércoles (un beneficio atribuido de 7.810 millones de euros, un 18% más que en el año anterior, Santander cierra la vigencia de su último plan estratégico. Ana Botín desvelará las líneas maestras del nuevo plan (que no de la nueva estrategia) el próximo 3 de abril, en Londres, donde tradicionalmente suele celebrar el “Investor Day”.

De momento lo que está claro es que los objetivos del grupo siguen siendo ofrecer al mercado unos resultados predecibles, sin la volatilidad que muestran sus principales competidores (Citi, Unicredit, BNP o ING), continuar aumentando el capital de máxima solvencia al mismo tiempo que se remunera suficientemente a los cuatro millones de accionistas del grupo.

“Son unos objetivos muy ambiciosos”, que se pueden cuantificar en dos datos: llevar el capital a entre el 11 y el 12% (11,30% a cierre de 2018) y premiar a los inversores con una rentabilidad sobre activos tangibles (ROTE) de entre el 13 y el 15%, lo que supondría elevarla entre un 10% y un 28,8% en los próximos tres años.

Los dividendos y el aviso al Gobierno

Para los primeros días del mes de abril, el consejo de administración del banco deberá dejar clara su política de destinar entre el 30 y el 40% de los beneficios al reparto de dividendo a dar un paso al frente. “Veremos si lo cambiamos o no”, fueron las últimas palabras de Ana Botín.

La situación política española pasó a un segundo plano. Ana Botín no se pronunció acerca de un posible adelanto de las elecciones. Se limitó a tener un contexto lo más claro posible para el futuro. Si fue más contundente al asegurar “que una política fiscal ortodoxa es fundamental”, después de confesar que en 2018 Santander abonó en impuestos 5.200 millones de euros y repatrió 4.000 millones de beneficios de su filiales, que ya pagaron impuestos en su países de origen. Aviso importante para las intenciones fiscales del Gobierno y sus socios.

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