La Justicia carga contra un banco por una suplantación y ordena devolver el dinero

En una sentencia que refuerza la protección del consumidor frente a los fraudes digitales, un juzgado de primera instancia de Oviedo ha dictaminado que un banco debe devolver los casi 2.000 euros que una mujer de 72 años perdió a causa de una operación fraudulenta en su cuenta bancaria que ella no autorizó ni presenció.

La decisión judicial, de la que se hacía eco los compañeros de El Independiente, marca un precedente en la exigencia de diligencia por parte de las entidades financieras para proteger a sus clientes en un contexto de fraudes cada vez más sofisticados.

El fraude silencioso que no dejó rastro

La mujer, jubilada y con pocas habilidades digitales, se encontró con que su cuenta había sido vaciada mediante una transferencia internacional realizada sin su intervención. No hubo correos electrónicos sospechosos, mensajes SMS, llamadas telefónicas ni enlaces fraudulentos. En concreto, según El Independiente, ningún tipo de contacto previo con los ciberdelincuentes, algo que había alertado a los expertos en seguridad digital.

Este tipo de fraude, cada vez más común, se basa en accesos indebidos a credenciales filtradas o vulnerabilidades en sistemas externos. Los delincuentes, según la investigación policial recogida en El Independiente, son capaces de generar movimientos financieros aparentemente legítimos sin que la víctima haya interactuado en ningún momento con los atacantes.

El papel del banco en la detección de operaciones anómalas

El tribunal reprocha al banco que no detectara que la transferencia era claramente atípica. Un movimiento internacional por un importe inusual para el perfil habitual de la clienta y realizado en un horario fuera de lo común. Estas señales deberían haber activado los mecanismos de control interno de la entidad, según recoge la sentencia.

Para combatir este tipo de fraudes silenciosos, según expertos consultados por El Independiente, las entidades financieras deben contar con sistemas de análisis de riesgo más avanzados y capaces de bloquear operaciones incoherentes con el comportamiento financiero histórico de cada cliente.

En palabras de la asesora legal que defendió a la afectada, Patricia Belisario, este fallo “refuerza un principio esencial de la normativa de servicios de pago. Si la operación no ha sido autorizada por el cliente, es la entidad bancaria quien debe acreditar que no hubo negligencia grave. El consumidor no tiene que demostrar nada”.

La importancia de la diligencia reforzada

La sentencia también subraya que la edad de la víctima añade un deber reforzado de diligencia por parte del banco. Las entidades no sólo deben conocer a su cliente, sino aplicar esa información para evitar operaciones inconsistentes con el perfil y hábitos financieros de personas vulnerables.

Según la abogada de la víctima, en declaraciones para El Independiente, si este principio se aplicase de manera efectiva, muchos ataques podrían prevenirse desde dentro de la propia entidad, sin que llegue a consumarse el perjuicio económico.

¿Qué implica la sentencia para el sector financiero?

La resolución judicial obliga a que el banco reembolse no sólo los casi 2.000 euros sustraídos, sino también los intereses legales y las costas procesales. Para las asociaciones de consumidores, según El Independiente, este tipo de pronunciamientos refuerzan la idea de que no basta con sistemas básicos de seguridad como la doble verificación si los ciberdelincuentes explotan vulnerabilidades más profundas.

Este fallo da voz a los clientes que, tras sufrir un fraude digital sin haber sido engañados explícitamente, creían que no contaban con herramientas para reclamar. Ahora, la jurisprudencia confirma que la ausencia de prueba de autorización por parte del cliente es suficiente para obligar al banco a responder.

El contexto de fraudes bancarios sin contacto

Los fraudes silenciosos, en los que la víctima no interactúa con ningún enlace o comunicación fraudulenta, están ganando terreno entre los ciberdelincuentes. Según fuentes consultadas por El Independiente, estos ataques se basan en técnicas automatizadas que imitan la identidad digital de los usuarios y elaboran movimientos financieros sin dejar huellas claras.

La resolución de Oviedo se interpreta como un espaldarazo para los consumidores frente a los riesgos que presentan las transacciones digitales en un entorno cada vez más tecnificado. En un mundo donde los ataques informáticos se vuelven más sofisticados, la obligación del banco de aplicar controles robustos y eficaces se vuelve imprescindible para garantizar la confianza en el sistema financiero.