La reforma que no gustó a nadie
Uno de los riesgos a los que se enfrentaba el gobierno español con la aplicación por decreto de la reforma laboral era que a ninguna de las partes afectadas, empresarios y trabajadores, les gustara su contenido. Y así ha sido. Los sindicatos cada vez están más cerca de anunciar una huelga general para el 16 de junio, día en que el gobierno aprobará el real decreto, mientras que la patronal califica las propuestas del gobierno de poco profundas.
Los sindicatos anunciaron el sábado que convocarán una huelga general si el Gobierno no da marcha atrás en la reforma laboral remitida a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios y la aprueba en sus actuales términos, al considerar que recorta los derechos de los trabajadores. Por lo pronto, aseguraron que convocarán un proceso de movilizaciones en todos los centros de trabajo que irá acompañado de actos sindicales.
En rueda de prensa tras reunirse con el director del gabinete del diálogo social, Alfonso Morón, los secretarios de Acción Sindical de CC.OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, indicaron que el texto presentado por el Gobierno «ha sido inspirado por los empresarios» y abre la puerta a que puedan «despedir más y más baratos», y denunciaron con pesar que, por lo pronto, el representante del Gobierno tenía el sábado el mandato de no seguir negociando.
Como suele ocurrir en estos casos, no piensan lo mismo los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) considera que la propuesta del Gobierno no es «la adecuada» para conseguir la reforma «efectiva y profunda» que necesita la economía, ya que, entre otras cosas, no supone una «disminución real» del coste del despido para el empresario.
En un comunicado, CEOE afirma que la propuesta no servirá para mejorar la productividad de la economía española, contribuir a la creación de empleo y aumentar la confianza de la sociedad, los organismos internacionales y los mercados.
Entre las razones por las que no considera adecuada la propuesta, la patronal destaca todo lo referente al despido, ya que asegura que en el texto parece que el sector empresarial obtiene una disminución de 8 días en el coste de la extinción del contrato.
«Esta no es la realidad», denuncia la organización presidida por Gerardo Díaz Ferrán, tras explicar que serán los empresarios los que financien el Fogasa para que el organismo pueda cubrir ocho días de las indemnizaciones, por lo que son los que siguen pagando la totalidad del coste del despido.
Además, asegura que la reforma, tal y como se ha planteado, no contribuirá a la creación de empleo, ya que no generaliza los contratos de 33 días y no facilita adecuadamente la transformación de contratos temporales en contratos de fomento del empleo.
El único satisfecho es, de momento, el presidente del gobierno. José Luis Rodríguez aseguró este sábado que la propuesta que ha planteado su ejecutivo para reformar el mercado laboral se ha concretado en un documento «muy elaborado» que es fruto de «mucho trabajo y diálogo» con los agentes sociales y que beneficia tanto a los empresarios como a los trabajadores.
Zapatero aseguró que la reforma aborda los cambios «más importantes» del mercado laboral, ya que apuesta al mismo tiempo por los trabajadores que sólo han conocido «el horizonte de la precariedad» y por el incremento de la flexibilidad en las empresas cuando las circunstancias sean «difíciles».
