El recorte de la jornada laboral propuesto por Yolanda Díaz ya está en la mitad de los convenios

El recorte de la jornada legal de trabajo de 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025 era una de las grandes promesas electorales de Yolanda Díaz al frente de Sumar y fue uno de los escollos principales a la hora de negociar el acuerdo de Gobierno con el PSOE. El acuerdo pasaba por una reforma en la que el tiempo de trabajo se rebajaría a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas, a posteriori.

La última reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales fue el 19 de febrero y, desde entonces, no ha habido avances, a menos que se sepa. El negociador principal de UGT, su vicesecretario general Fernando Luján, aseguró esta semana que se habían «autoimpuesto discreción» en cuanto a las conversaciones sobre cómo proceder a la rebaja. Sindicatos y patronal apostaron por abrir una mesa paralela, sin el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, para ‘aterrizar’ la nueva legislación.

A falta de nuevas reuniones, y con el tablero político bloqueando avances en las negociaciones políticas y con los agentes sociales, la estadística de convenios colectivos que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo recoge que más de la mitad de los convenios en activo ya tienen jornadas inferiores a las 38,5 horas semanales, el objetivo para este año.

La mayoría de los convenios es de entre 38,5 y 39,5 horas

En total, de los 2.340 convenios en activo, 1.251 ya cuentan con esas jornadas inferiores a las 40 horas que fija el Estatuto de los Trabajadores. De esto se benefician más de 3 millones de trabajadores y 260.000 compañías, de acuerdo al registro.

El grueso corresponde a los 596 convenios, que protegen a 2,23 millones de trabajadores de 240.000 empresas, que abarcan a las jornadas entre 37,5 y 38,5 horas semanales (de 1.712 a 1.758 horas al año). Hay más acuerdos con jornadas inferiores a las 37,5 horas, 655, pero abarcan a muchos menos empleados (731.645) y compañías (21.211).

Ahora bien, la gran mayoría de los trabajadores protegidos por convenio tienen una jornada de entre 38,5 horas y 39,5 horas: más de 4,2 millones de trabajadores y medio millón de empresas, que concentran 755 convenios. Los que menos son los acuerdos con jornadas de entre 39,5 horas y 40 horas semanales (336.494 trabajadores) y muchos menos aquellos con acuerdos que registran jornadas superiores a las 40 horas (200.480 trabajadores).

Los sindicatos se dan hasta el verano

El sindicato UGT reconoció ayer, en palabras de su secretario general, Pepe Álvarez, que no esperan grandes avances sobre esta reforma hasta pasado el maratón electoral de primavera: las elecciones vascas el 21 de abril, las catalanas el 12 de mayo y las europeas el 9 de junio. «Las negociaciones con el Gobierno van a ir más lentas de lo que sería previsible en otras circunstancias», aseguró el líder sindical. «No estamos hablando solo de un acuerdo con el Gobierno, sino de la necesidad de que haya una mayoría parlamentaria que le dé soporte», subrayó.

En ese sentido, Álvarez apostó por aprovechar este impás de casi tres meses para cerrar el acuerdo con la patronal y con el Gobierno, de tal manera que pueda enviarse con celeridad la reforma al Congreso de los Diputados.

Con todo, teniendo en cuenta los plazos y el periodo inhábil de las Cortes, esto se retrasaría, probablemente, hasta pasado el verano.

Un efecto potencial de 2,6 puntos de PIB

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, detalló tras la segunda reunión del Diálogo Social sobre el recorte de jornada que el Ejecutivo pretende hacer la reforma inscribiendo directamente las 37,5 horas semanales en el Estatuto de los Trabajadores, creando un periodo transitorio, que sería de aplicación este año, con la rebaja de las 38,5 horas.

El acuerdo, además, abordará también una reforma del registro horario de las empresas, clave para controlar que efectivamente se está produciendo el citado recorte. En este sentido, han apostado por digitalizar el registro, de tal manera que sea inalterable por empresarios y trabajadores, y que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso a estos asientos, pero dejando fuera, de momento, a las pymes.

Según los cálculos de BBVA Research, el recorte de jornada tendría un impacto en el producto interior bruto (PIB) de alrededor de 1,2 puntos en los próximos dos años, con un impacto superior en el empleo, de alrededor de 1,6 puntos. A largo, el efecto es superior: 2,6 puntos menos de PIB y 3,4 puntos menos de empleo.

«Los resultados preliminares de las estimaciones indican que, sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo», apuntan los autores del informe.