Reforma laboral con cuentagotas: el gobierno presenta sus propuestas

El Gobierno ha propuesto la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar.

Así consta en el documento que ha enviado el Gobierno a los sindicatos, donde se precisa que se autoriza al Gobierno a crear este fondo en el plazo de un año y previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales.

El nuevo Fondo, similar al que plantea el modelo laboral austriaco, estará operativo a partir del 1 de enero de 2012 y se aplicará a los nuevos contratos indefinidos que se celebren a partir de esa fecha.

Según el texto, el trabajador podrá hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación.

Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días de salario por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo.

La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse los supuestos señalados anteriormente será percibida por el mismo en el momento de su jubilación.

Según consta en el texto, el régimen de organización, funcionamiento y financiación del Fondo se establecerá reglamentariamente. La constitución de este Fondo se incluirá en la disposición final del decreto que apruebe el Gobierno.

Igualmente, la reforma laboral del Gobierno propone el despido de 20 días de indemnización para las empresas que acumulen seis meses de pérdidas. Asismimo, los contratos por obra tendrán un máximo de dos años ampliable a tres, como constará en la reforma laboral que va a aprobar el Gobierno, según confirmó este viernes el titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

Corbacho afirmó que las causas económicas de los despidos objetivos, que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado, deben revisarse en el marco de la actual reforma laboral, garantizando la tutela judicial efectiva y entendiendo al mismo tiempo que el despido es la última actuación posible de la empresa después de recurrir a otros instrumentos de ajuste, como los ERE.

Además, avisó de que las causas alegadas por la empresa para acometer este despido deberán ser demostradas, igual que ocurre en la actualidad. «La tutela judicial efectiva no puede desaparecer de ninguna de las maneras», subrayó el ministro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho negó que la intención del Gobierno sea delimitar la capacidad de intervención del juez ante estos despidos, sino concretar «algunos conceptos» que actualmente son genéricos. Así, puso como ejemplo, incluir en la norma como causa económica que justificaría un despido de este tipo el que una empresa incurriera en pérdidas durante al menos seis meses.

Por otra parte, Corbacho ha anunciado que los contratos por obra tendrán que tener una duración máxima de dos años ampliable a tres.

Vea aquí el documento del gobierno.