El abogado de Grifols tiene una inmobiliaria con 175 millones en activos que es accionista de Scranton
Tomás Dagá, consejero y abogado de Grifols, posee una inmobiliaria con activos valorados en 175,5 millones.
El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzamann, el consejero delegado, Nacho Abia, y el abogado Tomás Dagá. EFE/ Quique García
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Tomás Dagá, del despacho Osborne Clarke, consejero de Grifols y abogado de cabecera del grupo farmacéutico, posee una sociedad inmobiliaria con activos valorados en 175,5 millones de euros.
Esta sociedad, Fatjo, tiene el 7,5% de Scranton Enterprises, patrimonial de la familia Grifols, en la que también participan directivos de la multinacional farmacéutica, y que tiene el 8,6% de Grifols.
Las vinculaciones de Dagá con Grifols están en el punto de mira de varios fondos internacionales, que cuestionan dichas relaciones y requieren mayor transparencia.
La inmobiliaria de Tomás Dagá participa en otras inmobiliarias, entre ellas una de Enrique Grifols Roura valorada en seis millones
Las relaciones entre Osborne Clarke y Grifols fueron advertidas por Gotham City en el informe que la firma de análisis publicó a principios de este año provocando el hundimiento en Bolsa de la farmacéutica catalana y generando la crisis en la que se encuentra la compañía en la actualidad.
El miércoles el fondo Mason Capital Management LLC, con el 2,1% de las acciones de Grifols, envió una carta al consejo de administración del grupo señalando a Tomás Dagá y solicitando aclaración sobre varios puntos en cuanto a la relación entre el abogado y Grifols.
Uno de los puntos destacados por el fondo estadounidense en su carta se refiere a la participación que Dagá tendría, directa o indirectamente. a través de la sociedad Fatjo en Scranton Enterprises.
Abogado, inmobiliario y accionista
De acuerdo a las últimas cuentas de Fatjo depositadas en Registro Mercantil, del año 2022, consultadas por este diario a través de Insight View, la empresa de Tomás Dagá finalizó el ejercicio con un activo valorado en 175,5 millones de euros y pérdidas por importe de 1,4 millones (pérdidas de 1,8 millones un año antes).
La sociedad cuenta con inmuebles en Barcelona de su propiedad que alquila y por los que ingresó un millón de euros en 2022.
Aunque la empresa tiene como actividades principales las del alquiler de viviendas y locales y la promoción inmobiliaria, el mayor activo que posee es una participación del 7,5% en Scranton Enterprises, que valora en 60,3 millones de euros y de la que percibió 0,7 millones en dividendos en 2022.
La inmobiliaria de Dagá explica en esas mismas cuentas que el 15 de diciembre de 2020 se registró ante notario aumento de capital social por aportación no dineraria «con prima de asunción de 414 acciones de Scranton Enterprises«.
La sociedad deja «constancia» en sus últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil que las 414 acciones de Scranton aportadas a Fatjo fueron adquiridas en los años 1999, 2000, y 2007, por importe de 41.400 euros, incorporándose «a los libros de contabilidad de Fatjo por un importe de 60,3 millones de euros».
De acuerdo a los datos consultados por este diario en Registro Mercantil, la inmobiliaria de Tomás Dagá participa también a su vez en otras sociedades inmobiliarias, entre ellas Lavall Arrendamientos de Vivienda, valorada en seis millones de euros, y que está presidida por una sociedad, Deria, que pertenece a Enrique Grifols Roura.
Inspección de Hacienda
Según las cuentas de Fatjó, en marzo del pasado año se incoaron actas por inspección de Hacienda, dos en disconformidad por importe total de 0,95 millones de euros, y otra en conformidad por 0,56 millones.
La empresa sostiene que no se cumplen las condiciones para el reconocimiento de una provisión en sus cuentas por ello.
Como ha publicado este diario, en 2021 el despacho Osborne Clarke alcanzó una cifra de negocio de 43,6 millones y ganó 9,2 millones.
Ese año los socios del bufete recibieron una remuneración, en concepto de servicios profesionales prestados a la compañía, por importe de 10 millones de euros (8,8 millones en 2020).
El despacho de Tomás Dagá fue sancionado por Hacienda con 684.000 euros por las remuneraciones entregadas a los socios del bufete.
La Agencia Tributaria liquidó en 2019 importes adeudados tras finalizar las actuaciones de comprobación e inspección iniciadas en 2017, por «diferentes impuestos» correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.
El bufete explica que las actuaciones fueron consecuencia «de diferencias de criterio en el registro de las remuneraciones percibidas durante estos periodos por los socios de la compañía«.
El auditor de las cuentas de Osborne Clarke, la consultora Auren, advierte que el despacho «presta una parte relevante de sus servicios a un grupo empresarial [Grifols] con el cual hasta el ejercicio 2020 era considerada parte vinculada al existir influencia significativa«, situación que «ha desaparecido durante el ejercicio actual [2021]».
El auditor apunta una salvedad en las cuentas del despacho indicando que no dispuso «de la documentación suficiente y adecuada para poder suministrar la información descrita que suponía una información relevante de las cuentas anuales».
