Cruce de acusaciones entre Entrecanales (Acciona) y el exdirectivo señalado por la UCO en el caso Cerdán
La investigación por corrupción salpica a Acciona, que desvincula a su cúpula mientras un exdirectivo apunta a decisiones tomadas desde niveles superiores
Cruce de acusaciones entre el presidente de Acciona y el exdirectivo despedido en 2021.
Comentarios
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, ha desvinculado tajantemente al grupo de cualquier actuación irregular y ha atribuido toda la responsabilidad a un antiguo empleado, Fernando Merino, exresponsable territorial en Navarra. Merino, investigado en el marco del caso Cerdán, ha respondido al Tribunal Supremo señalando a sus superiores y defendiendo que las decisiones bajo sospecha no pasaban por él.
La investigación de la UCO analiza si altos cargos vinculados al PSOE —entre ellos Santos Cerdán, ex número dos del partido; Koldo García, exasesor de Ábalos; y el propio exministro de Transportes— tejieron una red de favores a cambio de mordidas.
Uno de los focos es la adjudicación de contratos en Navarra a través de uniones temporales de empresas (UTE), donde Acciona participó junto a la sociedad Servinabar 2000, una pequeña firma local vinculada a Cerdán según documentación incautada por la UCO.
En este contexto, Entrecanales quiso enviar un mensaje inequívoco durante la última junta de accionistas: «Los hechos investigados afectan exclusivamente a un exempleado que fue despedido en 2021 tras perder la confianza de su superior», afirmó.
Aseguró que el directivo actuó con autonomía dentro de una estructura descentralizada y negó cualquier trato directo con los principales implicados, salvo una reunión institucional con Ábalos tras su nombramiento como ministro. «Protegeremos la integridad de Acciona cueste lo que cueste», sentenció.
Sin embargo, Fernando Merino ha comparecido ante el juez con una versión que desmonta parcialmente esa línea de defensa. El exdelegado de Acciona en Navarra niega haber cobrado comisiones y sostiene que las decisiones sobre las UTE no eran de su competencia.
«Yo no decidía con qué empresas se presentaba Acciona. Reportaba al jefe de zona, Tomás Olate, y más tarde a Eduardo Frutos«, ha declarado, en alusión a los cargos intermedios que —según él— manejaban las decisiones estratégicas.
También insistió en que las asociaciones con empresas locales eran una práctica habitual en Navarra y el País Vasco para aumentar las opciones en licitaciones, aunque no estuviera escrito en ningún protocolo formal.
Mientras la causa avanza en sede judicial, Acciona ha iniciado medidas internas para contener el daño reputacional: ha cesado al director de Construcción en España, ha abierto una investigación para detectar fallos en los mecanismos de control y ha comenzado los trámites para romper relación contractual con Servinabar.
A pesar de que los procesos de contratación bajo investigación no han sido anulados ni declarados irregulares, la presencia del nombre de Acciona en la causa —junto a las versiones contradictorias entre su presidente y su antiguo cargo regional— ha generado incertidumbre dentro y fuera del grupo.
La empresa insiste en que no hay «ningún indicio» de pagos ilícitos, pero la distancia entre la versión oficial y la judicial comienza a ensancharse.
Acciona, señalada por la UCO
En el tablero judicial, Merino no actúa como un eslabón roto, sino como alguien que sugiere que las órdenes vinieron de más arriba. Y en el tablero corporativo, Acciona intenta cerrar filas en torno a su presidente, blindando su relato de desvinculación.
La pugna entre ambos refleja no solo la gravedad de la investigación en curso, sino también la tensión latente entre los niveles directivos y operativos.
