Entrecanales (Acciona) se adjudica un contrato de 20 millones de Adif en pleno Caso Cerdán
Adif vuelve a adjudicar un contrato millonario a Acciona pese a estar bajo el foco de la UCO
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Foto: Economía Digital
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En medio del ruido, la sospecha y una investigación judicial que apunta al corazón del sistema de contratación pública, Adif ha adjudicado un nuevo contrato millonario a Acciona, la constructora presidida por José Manuel Entrecanales.
Se trata de un encargo por valor de 20 millones de euros para obras ferroviarias, concedido a una UTE liderada por la compañía, mientras se mantiene viva la investigación del Caso Cerdán, en el que se investiga si altos cargos del Ministerio de Transportes y empresas privadas tejieron una red de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
La adjudicación, formalizada hace apenas unos días, ha levantado una polvareda. No tanto por el objeto del contrato como por el contexto en el que se produce: la empresa adjudicataria figura entre las mencionadas por la UCO en las escuchas que sustentan la trama, y el organismo público que la contrata, Adif, es uno de los escenarios clave donde, supuestamente, se cocinaban los repartos.
Según la documentación intervenida por los investigadores, la constructora, junto a otras compañías como Servinabar 2000, en la que Cerdán tiene una participación, habría formado parte de una lista de «beneficiarios preferentes» en concursos públicos.
Todo, según la tesis de la Guardia Civil, bajo la supervisión de Koldo García —mano derecha del exministro Ábalos— y con el beneplácito de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, cuyo papel sigue bajo escrutinio.
En las conversaciones grabadas, los implicados llegan a sugerir que Pardo de Vera fue colocada al frente de Adif para «facilitar» adjudicaciones a determinadas constructoras.
La red, según los investigadores, no era menor. La compañía, una de las mayores constructoras del país y presidida por José Manuel Entrecanales, habría sido la principal beneficiaria de una supuesta red de amaños que operó con fuerza entre 2018 y 2023, justo cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes y Santos Cerdán desempeñaba un papel clave en el engranaje político del PSOE.
En ese periodo, la constructora logró más de 1.000 millones de euros en adjudicaciones de obra civil, muchas de ellas procedentes de organismos hoy bajo sospecha, como Adif o la Dirección General de Carreteras.
Aunque no hay imputaciones formales contra Acciona, el informe de la UCO sí la cita de forma reiterada. Koldo García, supuestamente, mediante una anotación en su teléfono, implica a José Manuel Entrecanales en negociaciones previas con Koldo García y Santos Cerdán, según ha reveló Economía Digital.
Uno de los episodios más significativos se produjo en febrero de 2019, con la adjudicación del tramo Pulpí–Vera del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a una UTE formada por Acciona y Ferrovial. El importe: 121,2 millones de euros. Solo unos meses después, las mismas empresas ganaban otro concurso millonario, esta vez para el soterramiento ferroviario en la estación de Murcia (Nonduermas) por 158,8 millones.
La UCO ha identificado al menos cinco adjudicaciones clave entre 2019 y 2021 por más de 500 millones de euros a UTEs en las que participaba la constructora.
Acciona, también investigada por las carreteras
La influencia de la red, sin embargo, no se limitaba al ferrocarril. Acciona también obtuvo contratos en el ámbito de carreteras y obras urbanas de gran envergadura.
Desde el acceso al aeropuerto de Málaga (22 millones en 2018), al tramo Arrúbal–Navarrete de la A-68 (92,4 millones en 2019), pasando por la remodelación del enlace A-7/A-92 en Viator (26,5 millones en 2022), el patrón se repite: grandes licitaciones, escasa competencia real y vínculos con altos cargos políticos.
El caso más simbólico puede ser el del Puente del Centenario en Sevilla, adjudicado en 2021 a una UTE de Acciona por 71,4 millones. Una obra emblemática que, según las investigaciones, también estuvo bajo la órbita de las “gestiones” de Koldo y sus intermediarios.
La Guardia Civil calcula que las contraprestaciones económicas a Ábalos y Koldo habrían alcanzado ya los 620.000 euros, aunque 450.000 estarían aún pendientes de pago. En los informes se describe con detalle cómo funcionaba la maquinaria: desde las reuniones informales hasta el cierre de acuerdos antes de que se publicaran las licitaciones.
