La mesa de contratación del Gobierno de Chivite realizó consultas a Acciona en plena adjudicación
Funcionarios del Gobierno de Navarra alertaron de irregularidades en la adjudicación a Acciona y Servinabar de los Túneles de Belate
Montaje realizado por Economía Digital.
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Las sospechas sobre la adjudicación de la mayor obra pública de Navarra en los últimos quince años han cobrado nuevo impulso tras conocerse que la mesa de contratación encargada del proceso mantuvo contactos directos con Acciona, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL.
La consulta se produjo en plena licitación para duplicar los túneles de Belate, una infraestructura de 62 millones de euros clave para la vertebración del norte de la comunidad foral.
Según ha denunciado Juan Luis Sánchez de Muniáin, vicepresidente de la Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Parlamento de Navarra, en conversaciones con este diario, ese contacto vulnera de forma directa los principios de confidencialidad, igualdad y libre concurrencia que rigen toda contratación pública.
El proyecto, ejecutado por una UTE formada por Acciona, Fermín Osés y Servinabar (vinculada al dirigente socialista Santos Cerdán), fue adjudicado en un proceso cargado de controversia.
Ya desde la primera reunión de la mesa de contratación, según consta en las actas, se daba por hecho que esta unión temporal sería la ganadora, lo que despertó recelos entre varios miembros del órgano.
Tres de ellos, el interventor de cohesión territorial, Lorenzo Serena, y dos letrados de la mesa, Jesús Muñoz y Gonzalo Pérez, emitieron votos particulares en los que expresaban su rechazo a cómo se estaba conduciendo el proceso.
A las consultas ilegales a Acciona se suman otras irregularidades señaladas por estos funcionarios. Una de las más graves, según fuentes conocedoras del expediente, fue la intervención directa del presidente de la mesa de contratación en las puntuaciones técnicas. Su valoración, lejos de ser un mero trámite, influyó en la nota media final, alterando el orden natural de las ofertas.
El resultado favoreció a la UTE liderada por Acciona, a pesar de que otra empresa podría haberse impuesto de haberse seguido un criterio estrictamente técnico.
A pesar de los reparos jurídicos recogidos en el expediente, la adjudicación se formalizó. Pero el proceso no acabó ahí: tras cerrar oficialmente la licitación, el órgano contratante pidió al Ministerio de Transportes, encabezado por José Luis Ábalos, documentación adicional con el fin de reforzar la posición de la UTE.
Esta acción, claramente prohibida por la ley, ha sido calificada como un intento de blindar a posteriori una decisión previamente tomada bajo sospecha.
Otro hecho llamativo rodea al presidente de la mesa, Jesús Polo: contaba con 73 años en el momento de los hechos, edad superior a la legal para mantenerse en activo como funcionario. Su continuidad fue posible gracias a una prórroga especial contemplada en los Presupuestos forales.
La gravedad de lo ocurrido llevó a la oposición a solicitar su comparecencia en el Parlamento, pero la petición fue denegada por el Gobierno de Chivite. El presidente de la mesa, figura clave del proceso, no ha dado explicaciones públicas. Ante la negativa, representantes de UPN interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil.
Acciona, en UTE con la empresa de Santos Cerdán
El caso se suma a la llamada «trama Cerdán», en la que varias adjudicaciones públicas habrían beneficiado a empresas del entorno del dirigente socialista y actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En este caso concreto, Servinabar, parte de la UTE adjudicataria, figura como una sociedad participada por Cerdán al 45%.
Desde el Ejecutivo de María Chivite se insiste en que el proceso se ajustó a derecho y que fue avalado por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades, la existencia de votos técnicos en contra y la opacidad en torno al contacto con Acciona han colocado al Gobierno navarro en una situación comprometida.
